El ultraderechista italiano Matteo Salvini, actual vicepresidente del Gobierno, lamentó este sábado la petición de la Fiscalía de 6 años de cárcel en su contra por haber bloqueado el desembarco de inmigrantes del barco de la ONG española Open Arms en agosto de 2019, cuando era ministro del Interior.
“El artículo 52 de la Constitución italiana declara la defensa de la patria como un deber sacro del ciudadano. Me declaro culpable de haber defendido Italia y a los italianos. Me declaro culpable de haber cumplido mi palabra”, dijo en un vídeo en sus redes sociales.
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La Fiscalía del Tribunal de la ciudad de Palermo (sur) reclamó la condena de seis años de prisión por los delitos de secuestro de personas y abuso de poder para el líder ultraderechista, que no se ha personado en la audiencia judicial de este sábado.
Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando Salvini, por entonces ministro del Interior, impidió durante veinte días el desembarco de la nave de salvamento de la organización española Open Arms con 147 inmigrantes a bordo salvados en el Mediterráneo, en el marco de su férrea política de puertos cerrados.
A lo largo del proceso Salvini ha alegado que su intención era proteger las fronteras y forzar un reparto de los inmigrantes en Europa y ha asegurado que sus políticas eran “compartidas” por el resto del Gobierno, una coalición entre su Liga y el Movimiento 5 Estrellas presidida por el primer ministro Giuseppe Conte.
El jefe de la Liga lamentó en este vídeo, con un fondo negro y una dramática luz cenital, que “nunca ningún Gobierno ni ningún ministro de la historia ha sido acusado o juzgado por haber defendido los confines de su propio país”.
“Me llamo Matteo Salvini, nacido en Milán el 9 marzo de 1973. Soy vicepresidente del Gobierno y entre junio de 2018 y septiembre de 2019 fui ministro del Interior. Hoy soy juzgado y puedo entrar en la cárcel porque en el Parlamento la izquierda ha decidido que defender los confines es un delito”, reprochó, en alusión al levantamiento de su inmunidad votado en el Senado en julio de 2020.
El político repasó el pulso que mantuvo con el barco de Open Arms en agosto de 2019 y aseguró que “en ningún momento se le impidió ir donde fuera excepto en Italia” porque, subrayó, el país “no podía seguir siendo el campo de refugiados de Europa”.
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“Más e 20 días de navegación en el Mediterráneo reteniendo a bordo a todos estos ‘clandestinos’ (término usado por la ultraderecha italiana para referirse a los migrantes irregulares) cuando para llegar a España bastaban 72 horas. Esta nave española rechazó dos veces el desembarco en dos puertos en España y la ayuda de una nave militar enviada por el Gobierno español”, recordó.
El fundador de Open Arms, Óscar Camps, expresó en un comunicado su satisfacción por la petición de la Fiscalía.
“El de hoy es un día importante para la justicia italiana y europea. El caso Open Arms es un caso particular y único, diferente de los procesos contra las ONG: en este caso se impidió voluntaria y arbitrariamente el desembarco en Italia por parte del Ministro”, dijo.
Asimismo Camps ha destacado que durante este proceso en primera instancia se ha demostrado que las actividades de la ONG fueron “vigiladas por la Marina Militar, con un submarino, y transmitidas al Ministerio del Interior”.
“Estas grabaciones, realizadas por un submarino de la Marina y presentadas durante las audiencias del juicio, muestran que no hubo una intervención institucional dirigida al rescate de las personas a bordo, sino solo la voluntad de filmar acciones u omisiones que pudieran ser imputables”, denunció el fundador de Open Arms.
La sentencia del proceso se espera para el 18 de octubre, después del alegato final de la abogada de Salvini, Giulia Bongiorno.
