En partes de México, el ejército no parece combatir al narcotráfico

En el oeste de México, una pequeña unidad de soldados con media docena de camionetas y barricadas de bolsas de arena montan guardia sobre una carretera rural. A un lado, muy cerca, hay un puesto de control de un cartel de las drogas que extorsiona a los campesinos. Del otro, un cartel rival patrulla el lugar en camionetas que llevan sus iniciales.

El ejército mexicano ya casi no combate a los narcos aquí y sus soldados simplemente se aseguran de que las bandas no invaden territorios de otros, haciendo la vista gorda a las actividades delictivas que llevan a cabo a pocas cuadras.

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En el primer puesto de control, instalado por los Viagras, una banda que dominó por mucho tiempo el estado de Michoacán, hay una camioneta estacionada en la ruta y una pila de bolsas de arena que protegen a los bandidos.

Cada tanto corren la camioneta para permitir el paso de los campesinos, pero primero le preguntan al conductor cuántos cajones de limones —el principal cultivo de la zona— o cuántas cabezas de ganado llevan al mercado. Escriben la respuesta en un anotador.

Los lugareños dicen que los Viagras les cobran 150 dólares por cada camioneta cargada de limones. Pesan y cobran por separado cada cabeza de ganado.

Más al norte, agricultores que cultivan aguacates son sometidos al mismo trato, pagando una “protección” por cada caja aguacates que transportan.

“Cuidado con lo que publicas”, le advirtió el comandante de un puesto de control de los Viagras a un periodista que pasaba por allí. “Tengo buscador de Facebook y te encuentro”.

A unos 3 kilómetros (2 millas) por la misma carretera, se ingresa a territorio de otro cartel, en el que hay grupos de hombres armados con pickups e improvisados vehículos blindados con las siglas “CJNG”, alusivas al Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Entre ambos se encuentran los soldados, que hacen poco y nada.

El cartel de Jalisco está invadiendo territorio rival en Michoacán, forzando el desplazamiento de miles de agricultores, algunos de los cuales piden asilo en Estados Unidos. Si bien los periodistas pueden ver pocas amenazas en la ciudad de Aguililla (Michoacán), tomada hace poco por el cartel de Jalisco, los lugareños dicen que los narcos han secuestrado, y probablemente matado, a jóvenes que sospechaban trabajaban para bandas rivales.

El secretario de Defensa de México, general Luis Cresencio Sandoval, dijo públicamente que la misión de los soldados es evitar que el cartel de Jalisco penetre territorios de Michoacán.

“Se logró que uno de los grupos delictivos, el cártel Jalisco, hiciera un retroceso hacía los límites con el estado de Jalisco”, declaró el militar en octubre. Las autoridades nacionales y estatales no respondieron a reiterados pedidos de comentarios sobre esa estrategia.

El puerto Lázaro Cárdenas de Michoacán es codiciado por los carteles, pues es un punto de ingreso de precursores químicos procedentes de China usados para producir metanfetaminas y fentanilo. Las plantaciones de aguacates y las minas de mineral de hierro son también apetecidos blancos para la extorsión de los Viagras, una banda que recibió ese nombre por el uso liberal que hacen sus jefes de gominas.

El líder de Jalisco, Nemesio “El Mencho” Oseguera, quiere apoderarse de todo eso y recuperar el control de su ciudad natal, Chila, en Michoacán.

El analista de temas de seguridad Alejandro Hope dice que la estrategia del gobierno es claramente “un pacto de no agresión”.

“Hay como en intento de administrar el conflicto, cada vez de manera más explícita”, opinó. “No están allí para desarmar los partes, sino para evitar que escale el conflicto. El problema es que no sabemos cuál es la línea roja del ejército, qué están dispuestos a aceptar”.

¿Qué tan pasivo es el ejército en estos momentos y hasta qué punto está dispuesto a permitir abusos? En Aguililla, ciudad montañosa ahora dominada por Jalisco, hay casi 200 soldados que se han atrincherado en su cuartel, hostigados por residentes furiosos desde hace cuatro meses.

El ejército les hace llegar alimentos por helicóptero a sus soldados dado que los lugareños bloquearon el ingreso al cuartel con una motoniveladora y una topadora a fines de junio. Es parte de una creciente tendencia en México: Los residentes de los pueblos toman como rehenes a los soldados porque no están dispuestos a intervenir en el marco de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de “abrazos, no balazos”.

Los residentes de Aguililla dicen que no van a permitir la salida de los soldados hasta que el ejército retire los puestos de control, que hacen que sea muy difícil, o muy costosa, la llegada de insumos médicos, alimentos y equipos de reparación de artículos electrónicos y teléfonos. Algunos lugareños murieron porque las ambulancias fueron demoradas en los puestos de control o directamente se les impidió llegar a la ciudad.

“Lo más penoso es que el gobierno brilla por su ausencia o se convierte en un espectador, en una guerra que ha dejado tanta muerte, tantos destrozos”, comentó el sacerdote de Aguililla, reverendo Gilberto Vergara, al describir la frustración de la gente por la reticencia del ejército a enfrentar a los carteles.

“Solamente está mirando y en algún momento actúa, cuando no queda de otra o cuando parece que va a inclinar la balanza hacia otro lado”, manifestó. “Yo creo que en un Estado de Derecho, eso no es posible”.

Aludía a la única intervención seria del ejército en los últimos meses: En septiembre, cuando una incursión del cartel Jalisco en Tepalcatepec, un pueblo vecino, dejó cinco miembros de fuerzas de autodefensa locales decapitados, el ejército envió helicópteros munidos de metralletas que pueden disparar miles de balas por minuto, para hacer retroceder a la gente de Jalisco.

Desde entonces, el ejército tomó posiciones alrededor de Tepalcatepec, pero hizo lo mismo que en Aguililla: Nada.

“¿Por qué no avanza el ejercito? ¿Por qué no mandan los helicópteros otra vez?”, preguntó un campesino del caserío de Taixtán, cerca de Tepalcatepec, mientras señalaba hacia un campo de sorgo al que no puede llegar porque francotiradores de los narcos de Jalisco se instalaron en una colina cercana desde la que le pueden disparar.

“Desde que llegaron, no han disparado un solo tiro”, se quejó el hombre, integrante de un grupo de autodefensa que a cada rato se tirotea con los hombres de Jalisco. El campesino, igual que la mayoría de las personas entrevistadas, se negó a dar su nombre completo por temor a represalias.

La mayoría de los campesinos de Tepalcatepec sienten que están librados a su suerte y que sólo ellos pueden resistir la invasión.

Ya no esperan nada de los soldados y libran una especie de guerra de trincheras digna de la Segunda Guerra Mundial, combinada con tecnología del siglo XXI, como drones con explosivos.

En una colina cerca de Tepalcatepec, las autodefensas construyeron un búnker de cemento, ladrillo y barras de acero. El techo es también de cemento, para resistir los ataques con drones. Llegan a la fortaleza, conocida como Achicumbo, a través de fosas de un metro, para evitar el fuego de francotiradores.

Un campesino mostró un proyectil de metralla incrustado en el paragolpes de su camioneta: Las metrallas causan pánico, porque nadie espera los disparos y son indiscriminados. En los techos de toda la región se aprecia el impacto del fuego de drones de ambos bandos, que disponen de “droneros” para lanzar ataques.

Nadie pregunta demasiado por el origen de los vehículos blindados y los fusiles AR-15 de las autodefensas. Circulan rumores de que los envió el cartel de Sinaloa, como parte de su guerra a nivel nacional con Jalisco. La única prueba es un “dronero” del estado de Sinaloa.

Pedro, quien maneja una hacienda cerca del caserío de Palza Vieja, observó el rico valle donde su familia cría ganado y cultiva la tierra desde los tiempos de su abuelo, y dijo “yo no me voy”.

“Mi ombligo está enterrado aquí”, agregó, tratando de contener las lágrimas. “No estamos invadiendo las tierras de nadie, aquí estamos defendiendo lo que construyeron nuestros abuelos”.

Una anciana dijo que fue obligada a irse de su casa y de su granja en un caserío cercano a mediados de septiembre, cuando se presentaron hombres de Jalisco armados y dijeron a los residentes que tenían dos días para irse.

“Dijeron que este rancho le pertenece al señor Mencho”, relataron.

La presencia de Jalisco en Aguililla al menos trajo un poco de paz. Llegan pequeñas cantidades de gasolina, que se vende en las calles, en bidones de plástico. La única gasolinera del pueblo permanece cerrada.

El individuo que coordina el bloqueo del cuartel del ejército en Aguililla, que se identificó solo como José Francisco, dijo que “hay dos carteles en conflicto. Que el ejército salga a hacer su trabajo, a darles de trompadas a los dos, si quiere, pero no a tomar la parte de un bando”.

López Obrador ha tratado de evitar conflictos a todo costo desde el 2019, cuando ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narco detenido Joaquín “El Chapo” Guzmán, para que no hubiese un baño de sangre, luego de que elementos de Sinaloa salieron a la calle y empezaron a los tiros para que soltasen al hijo del Chapo.

La estrategia del gobierno de evitar conflictos obliga a la gente a tomar partido.

“Nosotros no elegimos ni preferimos a un grupo o a otro. (Pero) Si el gobierno se ausenta, entonces los carteles se hacen presentes. Y tenemos que convivir con ellos”, dijo el reverendo Vergara. “No se trata de hacernos cómplices, tampoco se trata de aplaudirles”.

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