La Knéset (Parlamento israelí) aprobó hoy de forma definitiva la ley que anula la doctrina de la razonabilidad, la primera ley del paquete legislativo de la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
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La ley salió adelante con 64 votos a favor -todos los diputados de los partidos de la coalición de gobierno- y cero en contra, ya que se ausentaron de la votación los 56 diputados del bloque opositor.
La doctrina de la razonabilidad, ahora anulada, permitía al Tribunal Supremo revisar y revocar decisiones o nombramientos gubernamentales y es vista por el movimiento de protestas como una garantía democrática fundamental frente a abusos de poder.
“Hemos dado el primer paso en el importante proceso histórico de corregir el sistema legal y restaurar los poderes que le fueron quitados al gobierno y la Knéset durante muchos años”, afirmó el ministro de Justicia, Yariv Levin, arquitecto de la reforma judicial, tras la aprobación de la ley.
Antes de la votación, Levin señaló que esa ley “reestablecerá el equilibrio entre las autoridades gubernamentales y el respeto a la voluntad de los votantes”.
La ley se votó en una sesión plenaria que comenzó ayer domingo, después de 30 horas de acalorados debates entre gobierno y oposición, mientras miles de manifestantes acampados frente a la Knéset desde la noche del sábado protestan contra la reforma, vista como una amenaza a la democracia porque socava la separación de poderes y la independencia de la Justicia.
Ante la fuerte división generada, en las últimas 48 horas ha habido varios intentos de negociación, impulsados por el presidente Isaac Herzog, para que Gobierno y oposición lleguen a un acuerdo de consenso, pero han vuelto a fracasar.
“Nuestra condición principal era proteger la democracia israelí, pero con este gobierno es imposible llegar a acuerdos que preserven la democracia israelí”, declaró poco antes de la votación el líder de la oposición, Yair Lapid, visiblemente enfadado.
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“Quieren destrozar el Estado, destrozar la democracia, destrozar la seguridad de Israel, la unidad del pueblo de Israel y nuestras relaciones internacionales”, lamentó Lapid, que acusó al gobierno de ser el “más irresponsable de la historia”.
Horas antes de la votación, Herzog apeló de nuevo al “entendimiento” y la “responsabilidad” de las partes para lograr un consenso ante lo que describió como una “emergencia nacional” ante la profunda fractura social que ha provocado la reforma, que ha desatado las mayores protestas de la historia de Israel.
Herzog se reunió ayer por separado con Netanyahu y con los líderes de la oposición, Yair Lapid y Benny Gantz, para retomar las negociaciones que empezaron en abril, pero que se rompieron en junio, cuando el gobierno decidió seguir adelante unilateralmente con la reforma.
Esto revitalizó el movimiento de protestas, que no ha cesado en siete meses, con manifestaciones masivas en las últimas semanas -este sábado más de 550.000 personas salieron a las calles en todo el país-, una fuerte presión social a los sindicatos para que convoquen una huelga general y más de 10.000 reservistas que se niegan a presentarse voluntarios al servicio.
La jornada de hoy también ha estado marcada por las protestas frente a la Knéset, que de momento han dejado 19 detenidos y cinco heridos leves en altercados con la policía, que recurrió a la policía montada y a los cañones de agua para dispersar a los manifestantes que bloqueaban los accesos al aeropuerto.
