¿Autonomía regulatoria en riesgo?, por Flavio Ausejo

El Gobierno declaró esta semana en reorganización al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) luego de que una deflagración por fuga de GLP ocurrida en Villa El Salvador (VES) costara la vida de 30 personas. El argumento expuesto por el Gobierno es que el incendio puso en evidencia una serie de debilidades de Osinergmin en los procesos aplicados para el otorgamiento de las autorizaciones a las empresas que transportan, comercializan y distribuyen GLP, combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos, y en la supervisión de dichas autorizaciones. La decisión ocurrió luego de las declaraciones de Daniel Schmerler, el ahora expresidente de Osinergmin, quien no estableció de forma explícita alguna responsabilidad del organismo frente a lo ocurrido, y que se conociera de la contratación –por S/34.000– de una consultora para realizar un ‘media training’ para el presidente, el gerente general y funcionarios que les permita proyectar adecuadamente la imagen y discurso del organismo. Lo anterior precipitó una decisión del Consejo de Ministros, a partir de un informe del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de pedir la renuncia del presidente (quien dimitió antes de que se lo solicitaran), de los miembros del consejo directivo y del gerente general. La reorganización involucra evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión de la entidad, y proponer y ejecutar las acciones y medidas de reforma administrativa y de gestión que correspondan, y se establece un plazo de 90 días para lo anterior. La labor estará a cargo de un comité de reorganización, integrado por dos representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y uno del propio Osinergmin.

¿Cómo interpretar estas decisiones? El marco normativo del sector establece quién es el responsable de verificar que efectivamente los elementos de seguridad de los camiones cisterna estén operativos, pero esa responsabilidad, si bien Osinergmin tiene un rol protagónico, no es exclusiva, pues también están involucradas otras entidades públicas como los ministerios de Energía y Minas (responsable del sector), Transportes y Comunicaciones, Interior y Salud; y otros niveles de gobierno, como las municipalidades. En otras palabras, no es únicamente responsabilidad de una entidad, sino de un conjunto de ellas, que deben tener procesos vinculados y concebidos de forma sistémica. La anunciada reorganización es probable que no elimine el riesgo evidenciado con la tragedia en VES. En realidad, no parece que exista voluntad política para solucionar el tema de fondo, que es asegurar que las actividades que realizan las empresas que manipulan el GLP sean seguras para las personas y el ambiente. Hay que señalar también que el desencadenante de todo lo anterior es el pésimo desempeño de los responsables de Osinergmin frente a lo sucedido en VES, pues no fueron conscientes de que su labor tiene un carácter más estratégico, y que la reacción ante una tragedia de esta magnitud debe tener un fuerte componente humano y político más que técnico.

¿Qué efectos tiene la reorganización sobre el marco regulatorio en servicios públicos? Lo relatado parece representar una señal más del creciente interés del actual gobierno por intervenir el marco regulatorio de los servicios públicos, en particular uno de sus pilares fundamentales, que es la autonomía de los reguladores para la toma de decisiones.

En efecto, los organismos reguladores deben construir un delicado equilibrio manteniendo equidistancia entre el gobierno de turno, las empresas prestadoras de los servicios y los ciudadanos que usan los servicios. Una pieza fundamental de ese equilibrio es la autonomía de las decisiones que toman los responsables en dichos organismos.

La forma en que será ejecutada la reorganización parece representar un capítulo más en una serie de acciones destinadas a tener mayor injerencia sobre las decisiones de los reguladores; el capítulo previo fue el intento frustrado de la PCM, en el 2018, de anular de forma unilateral la aprobación del incremento de las tarifas de agua potable y alcantarillado en Moquegua, en donde también estuvo en la discusión –e incluso en un acta suscrita por representantes de la PCM con los de la población– el pedido de remover al presidente y miembros del Consejo Directivo de la Sunass, y la frustrada aplicación de incrementos de peajes, establecida contractualmente y anunciada por Ositran, en 12 carreteras del país, y que fuera detenida por el MTC.

Entidades públicas que toman y aplican decisiones basadas en argumentos científicos –ahora los llamamos “evidencia”–, y no están sujetas a la conveniencia política de corto plazo del gobierno de turno, son elementos esenciales para asegurar que los mercados sean competitivos y atractivos para la inversión privada. La senda del actual gobierno parece ir en la ruta contraria. Esperemos equivocarnos.