Crisis humanitaria en Venezuela, por Antonio Ledezma

La gobernabilidad democrática frente a la corrupción es el tema que debatió la VIII Cumbre de las Américas de acuerdo a su agenda. Ante el punto central de esta cita continental, obviamente el caso de Venezuela fue tratado por los mandatarios, toda vez que nuestro país está considerado como la nación con los gobernantes más corruptos de Latinoamérica y una de las 10 con mayor corrupción en el mundo, de acuerdo a los índices de percepción de la corrupción de la organización Transparencia Internacional.

Esto, aunado a la catástrofe humanitaria que sobrelleva dentro y fuera del país el pueblo venezolano, es también razón suficiente para que el nombre de Venezuela ocupara lugar destacado en el temario que rigió los debates de este magno evento. Tal afirmación es soportada por algunas cifras que posiblemente causen estupor por originarse en lo que fue uno de los países más prósperos de la región. Con la implantación del modelo “socialista”, el 87 por ciento de los venezolanos están sumidos en la pobreza, fustigados por la inflación más alta del mundo, que ya alcanzó niveles de hiperinflación.

La canasta alimentaria tiene un costo que sobrepasa los 37 millones de bolívares. Eso traduce en que una familia de cinco miembros necesita no menos de 95 salarios mínimos para obtener los productos de esa canasta, pero resulta que el 89% de los venezolanos no gana lo suficiente para alimentar a sus respectivos familiares, y nueve de cada 10 personas carecen de los ingresos para adquirirla. Por eso es que el 71% de los venezolanos no compra los alimentos necesarios, y ocho de cada 10 ciudadanos ha reducido su alimentación, con el resultado de que seis de cada 10 compatriotas se acuestan con hambre y otros buscan comida en la basura.

Más de 8 millones 200 mil personas solo comen una vez al día, y seis de cada 10 venezolanos pierden un promedio de 11 kilos de peso. La falta de fórmulas lácteas para recién nacidos traspasa la barrera del 94%. La escasez de insumos básicos y médico-quirúrgicos es del 70%.

La inseguridad es otro fenómeno que perturba la vida de los venezolanos. Las muertes violentas se llevaron por delante el año pasado a más de 26 mil personas. Las estadísticas nos presentan como el país más violento del mundo, con una tasa de 89 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Eso trae como consecuencia que 43 jóvenes son abatidos diariamente. El 90% del territorio del país se encuentra en manos de grupos delictivos. Una de cada cinco personas es víctima de un delito. Más de 4 millones de personas se han visto en la necesidad de migrar.

De los niños evaluados por la organización Cáritas, el 68% presenta desnutrición y alarmante retardo de crecimiento. Semanalmente mueren seis niños por falta de alimentos, y 280 mil corren riesgo de fallecer. Entre el 2015 y 2016, la cantidad de muertes infantiles se incrementó en 34%, de la cual 60% eran recién nacidos. Las muertes maternas aumentaron en 66%. La escasez de medicinas rebasa el 90%, y 4.990 personas con trastorno de hemofilia no tienen acceso a factores anticoagulación. No hay antirretrovirales y por eso 77 mil afectados no tienen cómo tratarse, 5.668 mujeres padecen de cáncer de mama y no tienen acceso a los servicios de quimioterapia, seis fallecimientos de mujeres diariamente es el parte fatídico en nuestro país. La malaria pasó en un año de 136 mil casos a más de 240 mil. Equipos de diagnósticos y tratamientos están paralizados en los centros de salud.

Esa es parte de la patética realidad que ensombrece el presente y el futuro de los venezolanos. Esas y otras son las consecuencias que le ha acarreado a Venezuela un régimen tiránico de corte comunistoide que destruyó la democracia, y las instituciones, convertidas en parapetos, son manipuladas por comisarios políticos que solo cumplen las directrices que emanan de La Habana. Además, todo indica que serían ciertos los vínculos de Maduro y su camarilla con el narcotráfico y el terrorismo.

Tomando en consideración que “son las necesidades de las personas las regidoras de la acción humanitaria y no los Estados con sus intereses políticos y económicos”, solicitamos a los gobernantes que participaron en la VIII Cumbre de las Américas el respaldo para impulsar ante los entes correspondientes la activación del principio de intervención humanitaria que encaja en el caso venezolano, observando que se cumple con lo establecido en el capítulo VII de la declaración de la Organización de Naciones Unidas.