Hace unos días, los peruanos fuimos testigos de un nuevo enfrentamiento público entre autoridades del Estado. Tras el discurso de la presidenta Keiko Fujimori ante las Naciones Unidas, referido a los procesos contra militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó sus afirmaciones y pidió que se retractara. Pero discutir quién tuvo la razón sería perder de vista el verdadero problema.
El ciudadano no espera una disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Espera justicia. Y las deficiencias del sistema no pueden atribuirse exclusivamente a una institución. Tienen responsabilidades el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ejecutivo, el Congreso, la Policía, el INPE y las demás entidades involucradas.
Defender la independencia judicial es indispensable, pero independencia no significa ausencia de crítica. Todas las instituciones deben ser evaluadas por sus resultados y, sobre todo, por la respuesta que brindan al ciudadano. Según la encuesta de Datum publicada por este Diario, apenas el 15% de peruanos confía en jueces y fiscales. La cifra mejoró seis puntos desde abril del 2025, pero ocho de cada diez todavía no confían.
Los militares y policías procesados por hechos vinculados con la lucha contra el terrorismo merecen respeto al debido proceso y decisiones dentro de plazos razonables. Pero ese mismo derecho corresponde a cualquier peruano que lleva años esperando justicia.
Es el transportista que denuncia una extorsión y no sabe si la investigación avanzará; el comerciante que espera años una sentencia; o la madre cuya audiencia por alimentos vuelve a reprogramarse.
Existen experiencias que demuestran que es posible hacerlo mejor. Las unidades de flagrancia evidencian que, cuando la policía, fiscalía, defensa pública y Poder Judicial trabajan articuladamente, el Estado puede responder con mayor rapidez. ¿Por qué esa coordinación no puede trasladarse progresivamente al resto del sistema?
Tenemos problemas de provisionalidad de magistrados, sobrecarga procesal, infraestructura, presupuesto e interoperabilidad. Pero la reforma exige responsabilidades compartidas: el Ejecutivo en seguridad, defensa pública y sistema penitenciario; el Congreso en mejores leyes y procedimientos; el Ministerio Público en la investigación fiscal; la policía en tecnología y capacitación; y el INPE en la política penitenciaria.
El Perú ya ha tenido diagnósticos, reformas y nuevas instituciones. Lo que ha faltado es continuidad, coordinación y capacidad para convertirlas en cambios que el ciudadano pueda sentir. Ese debería ser el debate.
No necesitamos instituciones trasladándose responsabilidades. Necesitamos compromisos concretos, medibles y con plazos. El ciudadano está cansado de escuchar quién tiene la culpa. Quiere saber quién resolverá el problema.
Desde la Cámara de Diputados nos corresponde hacer nuestra parte: fiscalizar, legislar y promover los acuerdos necesarios.
Porque la discusión no debería ser quién ganó este enfrentamiento entre poderes.
La pregunta realmente importante es: ¿cuándo comenzará el ciudadano a sentir que la justicia funciona?
Y esa respuesta ya no puede seguir esperando.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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