Efectos de la informalidad en la economía peruana

El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan al margen de las normas legales en general y de las normas tributarias en particular, que rigen las actividades económicas en nuestro país.

La informalidad, característica fundamental del subdesarrollo, en el fondo no tiene una causa única, sino que es producto de la combinación de precarios servicios públicos, de un agobiante régimen normativo y tributario, y de la frágil capacidad de supervisión del estado; todo ello, producto de mantener bajos niveles educativos y de contar con una larga lista de funcionarios y autoridades que no cuentan con el perfil adecuado para el cargo.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2023 la tasa de empleo informal llegó al 71% (74% en el 2022), logrando una mínima reducción.

Según el tipo de actividad económica, la informalidad se concentró principalmente en los sectores agricultura, pesca y minería, llegando al 91%, construcción al 79%, comercio al 72% y servicios al 59%.

Aun cuando se espera que para este año aterricemos con una tasa de inflación casi dentro del rango meta –entre 1% y 3%–, un fenómeno de El Niño débil y sin conflictos sociales de importancia en el corto plazo; y esperando un crecimiento de alrededor del 3% del PBI; la percepción del casi 50% de la población se mantiene pesimista.

Lo cierto es que, cuando la actividad económica se contrae, el desempleo aumenta; es decir, la población en edad de trabajar tendría que subsistir y para hacerlo no le queda otra alternativa que aceptar las condiciones que ofrece el mercado laboral informal.

La informalidad laboral golpea negativamente el crecimiento económico de un país, la productividad de los trabajadores y el bienestar social, limitando el acceso al crédito de los involucrados, y llegando a reducir la recaudación tributaria de manera significativa.

Los informales, al tratar de sortear el control del estado, utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y servicios, eludiendo todo tipo de controles. Asimismo, surgen cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. Los costos de formalización (inscripción y registro) para cualquier actividad económica resultan onerosos y tediosos; así como el pago de tasas notariales y registrales, impuestos y seguridad social.

Al ser nuestro país principalmente minero, resulta importante que el Gobierno logre el desarrollo creciente de la minería formal a través del destrabe de muchos proyectos o por la expansión de los ya operativos, ofreciendo incentivos tributarios a los informales para su incorporación a la economía, con el consecuente beneficio para la recaudación tributaria. El empleo que genera esta actividad económica siempre contará con todos los beneficios de ley para los trabajadores.

El beneficio de la formalidad para las empresas nacionales se traduce en un fácil acceso a instituciones financieras formales para obtener crédito como base para el crecimiento de todo negocio y, más ampliamente, en la posibilidad de expandirse a mercados tanto locales como internacionales, presentarse a licitaciones públicas de forma individual o en consorcio con otras, y formar parte del registro de proveedores de muchas empresas.

Finalmente, para lograr la mejora de la economía de nuestro país, además de una mayor recaudación impositiva y desarrollo social en beneficio de todos los ciudadanos, el aporte más significativo conlleva al crecimiento del PBI nacional. Solo así se permitirá reducir los altos niveles de pobreza, eliminar la miseria y el analfabetismo, y contar con una mejor educación, para la formación de futuros líderes que cuenten con el perfil idóneo para el cargo que asuman, principalmente en la formación de especialistas en gestión pública, que permitan destrabar los innumerables proyectos de inversión que se encuentran estancados, tanto a nivel nacional como regional, y que logren contribuir a nuestro desarrollo económico esperado y el bienestar de toda la población.