El dilema raimondiano

Hace cerca de 200 años, en 1850, llegó a nuestras tierras el sabio y estudioso de nuestras ciencias naturales Don Antonio Raimondi. No creo conocer otro intelectual que haya estudiado con tanto detalle nuestro país y dejado tan vasta obra, que incluye artículos y muchos libros. A él, creo, se le atribuye aquella frase de que “el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”, aunque otros se la asignan a Don Jorge Basadre.

Conviene preguntarnos cuánto hemos avanzado desde ese entonces. No necesitamos mucha ciencia para concluir que no hemos cambiado mucho. A pesar de muchos proyectos emblemáticos, como Cerro Verde, Las Bambas y Toquepala, seguimos sentados en el banco de oro al que se refería Raimondi. Según los estudios más recientes, hemos explotado menos del 6% de nuestra riqueza natural y seguimos sin poder desanudar el nudo gordiano que nos impide usar esos vastos recursos para acabar con la pobreza y enrumbarnos al desarrollo.

Para muchos, la explotación minera está peleada con nuestro desarrollo social y la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Pero ¿acaso podríamos encontrar otra actividad tan lucrativa y basada en las regiones como la minería que, cumpliendo con los mayores estándares ambientales, nos genere los recursos necesarios para acabar con la pobreza rural y dotar a las futuras generaciones de las comunidades andinas de las calificaciones necesarias para convertirse en profesionales de primer mundo?

Lo cierto es que desde Raimondi no hemos encontrado “la cuadratura del círculo”, seguimos teniendo grandes inversiones mineras y a la vez una gran concentración de pobreza en las comunidades no muy lejanas a esas explotaciones. Pero otros países sí la han encontrado, basados en estados modernos. Antes de la Revolución Industrial, en 1850, Inglaterra era un país minero, y poco después se convirtió en el ejemplo de país desarrollado. También fue el caso de Canadá, Australia y ciertos estados de Estados Unidos, como Colorado, que hoy son ejemplos de desarrollo, diversidad y protección de su medio ambiente.

Algunos atribuyen nuestra parálisis al hecho de que nuestra Constitución le reserva al Estado la propiedad de los recursos naturales y los entrega a particulares en concesión, los que tienen que tributar y pagar regalías. En otros países, como Estados Unidos, el dueño del suelo lo es a su vez del subsuelo, lo que hace que los beneficios se concentren en unos pocos. Sin embargo, el hecho de que el Estado sea el dueño de los recursos naturales nos permite asignar los beneficios de la explotación de los recursos naturales y usarlos para financiar nuestro desarrollo –reducir la pobreza, dotar a nuestros pobladores de una educación adecuada, de servicios de salud, y proveer de la infraestructura necesaria–. Prueba de ello es que el aporte de la minería al erario nacional es mucho más alto que otras actividades.

Entonces, poca duda queda de que el problema recae en nuestro Estado disfuncional, que no ha logrado eficientizar y priorizar el uso de nuestros recursos fiscales hacia el desarrollo. Mucho tiene que ver con nuestra normativa, modelo de descentralización y el diseño de la obra pública, sobre todo app. Por una parte, la asignación del canon se diluye entre muchos beneficiarios y no es equitativa, por lo que los distritos ricos obtienen mayores beneficios. Por otro lado, las regiones y municipalidades no han logrado desarrollar las capacidades para que se puedan ejecutar estos recursos. Y, finalmente, nuestra obra pública no ha desarrollado la infraestructura necesaria para permitir a las mineras extraer su mineral respetando el medio ambiente, o construir las represas necesarias para llevar el agua a los pequeños agricultores.

En el 2016, propusimos el Adelanto Social, una suerte de fondo que se podría usar durante el desarrollo de los proyectos mineros para dotar a las comunidades de los servicios públicos básicos antes de que se ponga en operación la mina. Poco se avanzó, pero fue una buena iniciativa. Lamentablemente, no solucionó el problema de fondo, que es la limitada capacidad de ejecución de los gobiernos regionales y locales.

Poniendo de lado los cambios a la normativa de distribución de canon y de las app que se tendrían que hacer, existen dos formas en que se podría ayudar desde el sector privado a la ejecución. Una sería usar los recursos de las universidades, que podría ser el canon que reciben, para permitir que las facultades de gestión pública les den asesoría técnica y entrenamiento a las unidades de inversión de los gobiernos regionales y locales.

Otra, aún más efectiva, sería permitir a las propias empresas mineras que ayuden a los gobiernos regionales y locales poniendo a su servicio su conocimiento en la planificación y ejecución de obras. Existen períodos del año en que las mineras tienen exceso de capacidad en sus áreas de ingeniería y de maquinaria. Como en Obras por Impuestos, que se le permite al sector privado realizar la obra pública, se le podría permitir a las mineras ejecutar las obras en las regiones y municipalidades.

La tarea de lograr el desarrollo inclusivo no depende de unos cuantos, sino de todos nosotros y, a diferencia de muchos otros países, Raimondi hace cerca de 200 años nos abrió los ojos y nos llevó a pensar que tenemos los recursos como para enfrentar nuestros rezagos sociales y convertirnos en un país desarrollado. Frente a un Estado disfuncional, solo nos queda convocar al sector privado. Nuestro Estado necesita una reforma muy profunda para convertirse en un Estado moderno como sucedió en otros países.