El valor de la buena política, por Iván Lanegra

Los efectos perversos de una política dominada por el dinero –legal o no– son conocidos desde hace mucho. En la antigua Roma, Catón advertía que las monedas podían corromper las virtudes republicanas. Una caricatura satírica del estadounidense León Williez llamaba “libre ejercicio de la ciudadanía” a la compra de votos en las elecciones peruanas del siglo XIX. ¿Cuán diferente es nuestra política en la actualidad?

Hoy no es tan difícil conseguir una inscripción partidaria y participar en los procesos electorales. No obstante, la meta para quienes lideran estos esfuerzos suele limitarse al acceso a los puestos electos y a los recursos que estos –incluyendo las elecciones– traen consigo, sin preocuparse mucho por la buena representación. Siendo su prioridad ganar elecciones, el financiamiento de las campañas es esencial. Los partidos que cuentan con una buena base económica pueden centralizar el proceso de selección de candidaturas, con fuertes incentivos para la construcción de redes clientelares. De no ser así, un criterio clave para la selección de candidaturas es la disposición de recursos para la campaña. El resultado son coaliciones precarias articuladas por objetivos de corto plazo e intereses particulares. Adicionalmente, los actores económicos –formales, informales e ilegales– buscarán influir en este proceso, sea con sus propias candidaturas o a través del apoyo a postulantes que, de ser electos, tendrán una deuda que saldar. Este tipo de política hace difícil construir una representación de calidad, centrada en el interés público.

Por ello, entre las distintas reformas necesarias para mejorar la calidad de la democracia, la del financiamiento político es central. Esta busca financiar la construcción de organizaciones sólidas y una masa crítica de personas bien preparadas y capaces de construir lazos entre la ciudadanía y el Estado, poniendo por delante los objetivos públicos sobre los intereses particulares. Pero esto debe lograrse consiguiendo, a la vez, cierta independencia de los actores económicos, evitando que la inequidad en la disposición de recursos afecte la competencia electoral.

En este orden de ideas, la prohibición del financiamiento empresarial intenta limitar la influencia de los lobbies corporativos. La penalización del financiamiento ilegal busca desalentar el ingreso de dinero informal o ilegal. El límite individual a los aportes tiene como objetivo evitar que uno o pocos actores puedan influir en demasía. El financiamiento público indirecto cubre el principal rubro de gasto declarado en las anteriores campañas y reduce en alguna medida la inequidad en el acceso a los medios de comunicación.

¿Qué busca el financiamiento público directo? Sus objetivos no están centrados en las elecciones, sino en el fortalecimiento de los partidos y sus afiliados. Por eso, los recursos deberían abocarse a financiar los gastos ordinarios del partido, mejorar su infraestructura y generar las capacidades que requieren sus miembros para hacer buena política. Lamentablemente, los partidos han aprovechado los vacíos en la normativa para actuar, en algunos casos, en un sentido diferente.

Para corregir esto necesitamos introducir algunas reformas. Primero, garantizar la calidad de los bienes y servicios que se adquieran, especialmente los ligados a la generación de capacidades. Segundo, establecer mecanismos similares al “presupuesto por resultados”, vinculando el financiamiento al logro de objetivos sustantivos de fortalecimiento partidario. Tercero, es necesario fijar reglas mínimas de contratación: concurso público, regular los conflictos de intereses, etc. Finalmente, fortalecer la capacidad de la ONPE para fiscalizar, sumándole la vigilancia ciudadana bien organizada.

Sin embargo, varios de estos cambios requieren de modificaciones legales que pasan por el Congreso; es decir, de la aprobación de partidos que tienen pocos incentivos para cambiar un marco que favorece sus intereses inmediatos. Solo la presión de la ciudadanía y de los medios de comunicación puede empujarlos a hacer estas mejoras. Seguimos necesitando de Catón y de León Williez denunciando el efecto perverso del dinero en la política republicana