Nuestro país necesita urgentemente inversión extranjera, nacional, pública y privada por encima de los US$40 mil millones por año para crecer por encima de 7% anual. Para lograr estos niveles de inversión en el Perú, es requisito ganar la confianza de los entes inversionistas locales y foráneos con base en ofrecer transparencia, estabilidad y seguridad, factores que el último gobierno de Pedro Castillo ha terminado de destruir.
Ya veníamos arrastrando el peor ratio mundial de fallecidos (durante el gobierno de Vizcarra) y el mayor monto de pérdidas en infraestructura como consecuencia de la corrupción de Odebrecht, OAS, Graña y Montero, y demás empresas corruptas que forman parte del denominado ‘club de la construcción’.
El daño ocasionado al Perú por la corrupción relacionada con las empresas constructoras brasileñas y peruanas supera largamente los US$40 mil millones destinados a realizar obras sin sentido, sobrecostos ilegales, consultorías innecesarias y pagos de coimas a todo nivel. La destrucción de la economía en el período vizcarrista puede superar una cifra similar. Sumando a los montos anteriores el costo de la corrupción de Pedro Castillo, llegamos a una cifra que supera los US$100 mil millones dilapidados.
La corrupción la está sufriendo, principalmente, nuestra población más vulnerable, que no cuenta con lo más básico: alimentación, agua, energía eléctrica, salud, vivienda, conectividad, entre otros. Con estas cifras de corrupción superiores a los US$100 mil millones, el Perú ha perdido la oportunidad de estar en una situación económica y política de liderazgo en Latinoamérica.
El consenso que debemos lograr como peruanos es la reforma total del sistema de contrataciones del Estado, a todo nivel, eliminando la posibilidad de participación de empresas corruptas. En este orden de ideas, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha decidido erradicar la corrupción relacionada con los peajes entregados a Odebrecht y la adenda al contrato de concesión de peajes entregados a la corrupta empresa brasileña OAS.
En el caso específico de Odebrecht, debemos profundizar en varios aspectos. El primero es que la exalcaldesa acusada de corrupción, Susana Villarán, reconoció públicamente que recibió coimas para, según la acusación fiscal, entregar las casetas de peaje de Emape a Odebrecht y pactar un incremento irracional del precio de los peajes. Un segundo aspecto a tener en cuenta es que los peajes obtenidos corruptamente afectan a varios millones de limeños que viven en zonas vulnerables y que están obligados, prácticamente, a pagar peaje por salir de sus casas y entrar en estas. Otro hecho a considerar es que la MML está impedida, por su propio marco jurídico, de mantener vínculos contractuales, directos o indirectos, con empresas sentenciadas por corrupción, local e internacionalmente, que es precisamente la situación jurídica de Odebrecht.
Las empresas constructoras nacionales e internacionales honestas decidieron no participar como inversionistas, ni competir en concursos para realizar obras públicas en nuestro país debido a la nefasta presencia de Odebrecht y otras empresas corruptas brasileñas y peruanas, justamente porque consideraron que el poder de corrupción de este ilegal ‘club de la construcción’ no garantizaba el derecho de competir limpia y transparentemente.
Estoy de acuerdo con atraer inversión honesta para la creación de muchos puestos de trabajo en el Perú. He dedicado mi vida profesional a esta actividad. La decisión de declarar la caducidad de un contrato, corruptamente originado por Odebrecht, es una señal excelente para los inversionistas honestos que tienen la certeza de que la MML no permite y no permitirá vínculos con empresas corruptas, nacionales o internacionales. Por lo tanto, la transparencia, honestidad y predictibilidad, necesarias para toda inversión, están plenamente garantizadas en nuestra metrópoli limeña.
Toda mi vida he creado decenas de miles de puestos de trabajo, de acuerdo con la ley y con pleno respeto al orden constitucional. Odebrecht y otras empresas corruptas son entidades “apestadas” en el circuito financiero internacional. Muchos países que han sido víctimas de su corrupción los han expulsado de sus fronteras. El Perú, por dignidad y justicia con los que menos tienen, debe expulsar a Odebrecht y a sus cómplices, para siempre.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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