En materia de salud, nadie discute la importancia de contar con una regulación sólida. La supervisión estatal es indispensable para proteger a los pacientes, garantizar estándares de calidad y promover un sistema confiable. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre una regulación eficaz y una regulación excesiva. Cuando las exigencias dejan de responder a criterios técnicos y se convierten en barreras innecesarias, el resultado no es una mejor protección del ciudadano, sino un sistema más costoso, menos competitivo y con menor capacidad para atender a la población.
Un primer ejemplo es el proceso de categorización de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress). La normativa del Ministerio de Salud (Minsa) exige, en la práctica, que un establecimiento tenga contratado al personal que utilizará antes de obtener la categoría que le permitirá empezar a operar. Esto implica que una clínica puede pasar varios meses pagando planillas sin generar ingresos. Pocas actividades económicas soportan una barrera de entrada de esa magnitud. El efecto es evidente: se desincentiva la inversión y se limita el ingreso de nuevos operadores.
Algo similar ocurre con determinados requisitos de infraestructura establecidos en las normas técnicas del Minsa. Consultorios o centros ambulatorios de baja complejidad pueden terminar sujetos a exigencias como ascensores con dimensiones hospitalarias —cabinas diseñadas para el transporte de camillas—, pensadas para establecimientos con una realidad completamente distinta a la de un consultorio.
Otro problema está en el campo de la interpretación regulatoria que realiza Susalud. En algunos procedimientos, por ejemplo, aplica disposiciones de la Ley del Contrato de Seguro a empresas de salud prepagadas, pese a que estas no son compañías de seguros y cuentan con un régimen jurídico propio. En otros casos, exige que planes de salud complementarios cumplan estándares diseñados para el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), aun cuando el propio marco regulatorio los reconoce como productos distintos.
Estas interpretaciones pueden parecer cuestiones jurídicas especializadas, pero tienen consecuencias económicas muy concretas. Cuando una empresa debe asumir obligaciones que no fueron consideradas al diseñar un producto o prestar un servicio, pierde la posibilidad de calcular adecuadamente sus costos y riesgos.
Los costos regulatorios no desaparecen por el hecho de imponerlos; terminan trasladándose al precio de los servicios o reduciendo las alternativas disponibles para los pacientes. Paradójicamente, medidas concebidas para proteger al usuario pueden terminar perjudicándolo.
La regulación sanitaria debe proteger la salud sin perder de vista la realidad técnica y económica del sector. Regular mejor no significa imponer más obligaciones, sino diseñar reglas proporcionales, coherentes y alineadas con la finalidad que persiguen. Ese equilibrio es indispensable para fortalecer el sistema de salud y ampliar el acceso de la población a servicios de calidad.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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