El Estado de derecho se soporta sobre la ley y debe garantizar justicia, libertad, solidaridad, y seguridad física y jurídica. Con un Estado débil, el populismo socava la democracia, un riesgo que se manifiesta en la ley cuando se plantean soluciones efectistas y antitécnicas para sostener al Gobierno en medio de una crisis política y del deterioro de nuestras instituciones.
La inseguridad ciudadana también se ve afectada por esto, sin estrategias para enfrentarla, cambios de ministros del Interior que agudizan el problema, abandono de espacios institucionales como la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, ineficiencia, corrupción e impunidad.
Frente a la demanda ciudadana por mayor seguridad, el Ejecutivo plantea sancionar penalmente a los adolescentes desde los 16 años; un distractor que no atiende las causas, no trabaja en prevención, no tiene efectos positivos y que pone en riesgo a los más débiles. Pretender resolver la inseguridad culpando a los menores es irresponsable y cínico.
Los efectos de esta propuesta los enfrentarán los menores de edad, que representan la tercera parte de la población y que constituyen nuestro futuro. Sus necesidades están identificadas: anemia y desnutrición, que condenan los procesos de aprendizaje y limitan irreversiblemente su desarrollo, en particular en la primera infancia; violencia psicológica y física, que afecta a 7 de cada 10 menores, daña la salud mental y que, junto con la deserción escolar, es un denominador común en la cárcel, pues 6 de cada 10 privados de libertad vivieron en hogares o barrios violentos y no acabaron la educación básica.
Los menores infractores de la ley penal no pasan de los 1.800; esto es, menos del 2% de la población adulta privada de libertad, y 9 de cada 10 tienen más de 16 años. Es típico que sean usados por adultos para la comisión de delitos, pues estos los presionan, convencen o amenazan. Lo que esta propuesta incitará es a que en adelante se usen a menores de 14 años.
La propuesta del Ejecutivo ignora que los niños, niñas y adolescentes gozan de derechos irreversibles y progresivos que el Estado debe garantizar y respetar, pero frente a su incapacidad de proteger a los menores ahora busca trasladarles a ellos la responsabilidad, abandonándolos a su suerte. No hay que olvidar que muchos nacen generalmente en condiciones de pobreza, con anemia y desnutrición, sin oportunidades laborales, con padres que los violentan sexual o físicamente, o que los convierten en mendigos.
Esto no es justicia, es populismo. Nuestro deber es alimentar, proteger, educar, sanar y amar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Frente a infracciones a la ley, trabajemos en medidas socioeducativas, en más y mejores Demunas para rescatarlos de hogares violentos que destruyen su inocencia, eduquemos en valores y enseñemos con el ejemplo. Solo así tendremos el Perú que queremos.
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