Justicia y brechas, por Héctor Lama More

Institucionalmente, la pandemia llega en un momento en el que ya se cuenta con un sistema de intranet (Sistema Integrado Judicial) desplegado a nivel nacional y en el que las notificaciones electrónicas son una realidad extendida en todo el país, que alcanzó el año pasado las 15 millones de emisiones.

Pero, además, se ha logrado, en una primera etapa, el desarrollo y puesta en marcha de los remates judiciales por internet (Remaju), los embargos electrónicos dirigidos a las entidades financieras, así como aquellos dirigidos al registro inmobiliario (Sunarp) y, por supuesto, el propio expediente judicial electrónico (EJE).

Iniciada la emergencia sanitaria y hasta el 10 de junio, los órganos jurisdiccionales que tramitan el EJE en la Corte Superior de Lima (que no son de emergencia) registraron, a través de la Mesa de partes electrónica, el ingreso de 7.225 escritos y 352 demandas; pero, además, emitieron 2.496 sentencias y autos finales sin que medie la presencia física de jueces, abogados y auxiliares. Este logro adquiere una dimensión mayor si se considera que, en este mismo período, los órganos de emergencia de la citada Corte registraron 4.163 ingresos.

Es evidente el potencial del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los procesos judiciales: hoy, los 88 órganos jurisdiccionales que trabajan con el EJE han alcanzado los 140.000 expedientes digitales y, si bien aún no se tiene la capacidad de cubrir la carga procesal nacional, la experiencia muestra que el uso de las TIC es clave a la hora de enfrentar con determinación la morosidad, la falta de transparencia y la corrupción.

El despliegue a nivel nacional del EJE con la ayuda financiera del Banco Mundial y del Estado Peruano, contribuirá con una mejor atención del servicio de justicia permitiendo celeridad y transparencia en los procesos judiciales. Sin embargo, esto no resolverá todos los problemas que, directa e indirectamente, impiden un adecuado acceso a la justicia.

Uno de ellos es la brecha social y económica existente, que da lugar a una brecha digital, agravada en regiones deprimidas económica y socialmente, como Amazonas, Huancavelica, Apurímac y Pasco, cuyo acceso y uso de servicios de internet, según el INEI, no llega ni al 10% de hogares.

El Poder Judicial no desconoce esta situación y el desarrollo del EJE considera este factor desde su propia concepción. A raíz de ello, desde su perspectiva y obligaciones institucionales, el Poder Judicial busca sumarse al esfuerzo del Poder Ejecutivo, al momento de acercar la tecnología al ciudadano y superar la brecha digital existente, mediante el desarrollo de sistemas alternativos de acceso digital e incluso de tramitación física o manual de los procesos judiciales en aquellas regiones en las que el analfabetismo digital o los problemas de conectividad constituyen una barrera de acceso a la justicia.

Sin embargo, la existencia de una brecha, potencial o presente, que dificulte el acceso a la justicia digital no puede frenar su implementación. Sería como dejar de bregar por un derecho ante la insatisfacción total de otro. El camino es siemple y obvio: el Estado debe bregar por todos los derechos consciente de que su satisfacción plena no llegará al mismo tiempo.

En el Poder Judicial, y en especial en el equipo de implementación del EJE, sabemos que existe una brecha digital a superar. Nuestros esfuerzos se focalizan no solo en el desarrollo del EJE en sí mismo, sino en el diseño y aplicación de las estrategias institucionales para disminuir esa brecha que solo podrá ser superada, no solo con nuestro concurso, sino con políticas públicas sostenidas, generalizadas y transversales a todo el Estado. Esto, con el fin de lograr una verdadera alfabetización digital y de acercar las ventajas de la tecnologia a todos los peruanos, tanto en un nivel conceptual como material.