El presidente estadounidense, Joe Biden, merece crédito por su enérgica respuesta al ataque terrorista de Hamas a Israel y a la invasión rusa de Ucrania, pero es hora de que levante la voz sobre la escalada represiva en Venezuela. Y debe hacerlo personalmente, en lugar de seguir delegando esa tarea a sus subordinados.
En días recientes, el dictador venezolano Nicolás Maduro intensificó su represión contra la oposición, en violación de un acuerdo con la oposición firmado en Barbados en octubre para realizar elecciones creíbles este año. El 9 de febrero, menos de tres semanas después de prohibir a la candidata opositora María Corina Machado postularse para las elecciones, Maduro hizo arrestar a la conocida experta militar y activista de derechos humanos Rocío San Miguel y a cinco de sus familiares. San Miguel dirige Control Ciudadano, un grupo no gubernamental que aboga por un mayor control civil de las Fuerzas Armadas.
San Miguel fue acusada por el régimen de Maduro de estar involucrada en un presunto complot para asesinar al presidente. Es un cargo frecuentemente inventado por la dictadura venezolana para arrestar a sus opositores políticos. La nueva escalada represiva de Maduro, así como sus amenazas de invadir a la vecina Guyana pueden ser un síntoma de debilidad política.
El dictador venezolano había prometido celebrar elecciones este año, como lo exige la Constitución, pero aún no ha fijado una fecha para la votación. Las encuestas independientes dicen que perdería unas elecciones libres y justas. Si Maduro fuera tan popular como dice, no necesitaría proscribir a Machado y a otros líderes opositores, ni prohibir a los medios venezolanos entrevistarlos. Está claro que tiene miedo de perder las elecciones. No me sorprendería que esta nueva ola de ataques a la oposición tenga como objetivo inventar un estado de excepción para cancelar las elecciones. ¿Qué debería hacer Estados Unidos? El gobierno de Biden anunció recientemente que restablecería las sanciones mineras de Estados Unidos a Venezuela y, lo que es más importante, que volverá a imponer sanciones petroleras en abril si Maduro no levanta su proscripción electoral a Machado y otros candidatos de la oposición.
Pero el anuncio del Gobierno Estadounidense no fue hecho por Biden ni por el Secretario de Estado, Antony Blinken, sino por los voceros del Departamento de Estado y la Casa Blanca. O sea, no fue hecho por funcionarios de primera línea. Según las páginas de Internet del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, ni Biden ni Blinken han hecho declaraciones sobre Venezuela desde el 20 de diciembre. Eso fue varias semanas antes de la proscripción de Machado y los arrestos de San Miguel y sus familiares.
Si el gobierno de Biden quiere que Maduro tome en serio las amenazas estadounidenses de nuevas sanciones, Biden tiene que alzar la voz, y hacerlo personalmente. “No hay nada más poderoso que la voz presidencial: cuando el presidente habla, la gente escucha”, me dijo Eric Farnsworth, experto en América Latina de la Americas’ Society y exfuncionario del Departamento de Estado. El hecho de que Biden no haya hablado en las últimas semanas sobre Venezuela también tiene un impacto indirecto: si el presidente de Estados Unidos no se involucra públicamente en la realización de elecciones libres en Venezuela, hay menos incentivos para que lo hagan otras democracias menos poderosas.
Es cierto que Biden está lidiando con crisis internacionales en Medio Oriente, Ucrania y Taiwán, entre otras. Y Biden está haciendo frente a una dura campaña electoral en Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump está liderando en algunas encuestas a pesar de haber intentado un fraude electoral tras perder las elecciones del 2020. Pero Venezuela es una fuente de desestabilización política en América Latina y una tragedia humanitaria que ha llevado a casi ocho millones de personas a huir de ese país. Más de 640.000 venezolanos han llegado a Estados Unidos, lo que ha contribuido a convertir la inmigración ilegal en el tema electoral número uno en ese país. Es hora de que Biden haga una declaración contundente sobre la restauración de la democracia en Venezuela. Y lo tiene que hacer ya mismo, antes de que la crisis venezolana empeore aún más.
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