En días recientes, con el claro objetivo de apagar incendios –o hacer ventarrones, según cómo se vea– frente a la enésima crisis política que asedia al gobierno de Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha tenido un notorio protagonismo mediático. Se lo ha visto concediendo entrevistas y declaraciones para distintos medios sobre el tema del momento: los Rolex de la presidenta. Paradójicamente, la falta de muñeca política de Boluarte y su entorno para manejar el escándalo de los relojes ha terminado por revelar una trama más compleja y problemática.
A lo ya reportado inicialmente por el medio digital La Encerrona, se han sumado los hallazgos de este Diario sobre los depósitos que recibió Boluarte en sus cuentas bancarias entre el 2016 y el 2022. Estos ascienden a más de S/1′000.000 y revelan un desbalance patrimonial que ya ha sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Independientemente de cuán exitoso haya sido en su propósito de amainar la situación o distraer la atención, en las declaraciones de Adrianzén subyace una idea fuerza que busca imponerse apelando al miedo: el impacto negativo del ruido político sobre la economía peruana. A decir del titular de la PCM, exacerbar un tema que considera “anecdótico” es “absolutamente nocivo” para la reactivación económica que busca liderar el gobierno de Boluarte tras la desaceleración que sufrió el país en el 2023. Como se sabe, la expectativa del MEF es que el Perú crezca 3% este año; una cifra aún optimista para los agentes privados.
Adrianzén ha alegado, además, que tensiones generadas por las revelaciones de la prensa y la demanda de explicaciones de la opinión pública hacen que “se vea muy distante” el crecimiento económico que el gobierno de Boluarte busca concretar este 2024, pues se pone en vilo el destino de las inversiones privadas en el corto y mediano plazo.
Pese a las inconsistencias, a Adrianzén no le falta razón en un aspecto enunciado: el ruido político afecta de forma significativa la economía de un país. Ocurre en el Perú y en cualquier otro país de la región. Lo sabe el Gobierno; lo reconocen las empresas; lo sufre la ciudadanía. Pero esta verdad pierde fuerza cuando se exhibe la falta de autocrítica del Ejecutivo: ¿quién más es culpable, si no el Gobierno, de que exista una crisis política como la que enfrenta el Perú en este momento? La presidenta Dina Boluarte ha tenido la oportunidad de aclarar el origen de sus relojes Rolex en más de una ocasión, y ha sido muy célere para negarse a declarar. La mandataria también pudo responder con claridad sobre los depósitos de dinero que investiga la UIF, pero la respuesta que brindó a El Comercio el último lunes dejó más dudas que certezas. ¿Es que acaso el Ejecutivo es incapaz de reconocer cómo esto agrava el caos político sobre el que se quejan cada vez que pueden?
Quizás cueste creerlo en medio del inevitable pesimismo, pero lo cierto es que la economía peruana se ha estado recuperando. Las cifras adelantadas muestran una inversión privada que se reactiva; con sectores que destacan como minería e hidrocarburos, que en febrero último registró su mejor resultado en ocho meses. Sí, el ruido político persiste; no obstante, este panorama puede cambiar. Y, mientras el tiempo corre, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de actuar.
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