Comisiones sin sentido

La atención de esta semana en el Congreso se centrará en el cuadro de comisiones ordinarias y la repartición de sus presidencias entre las bancadas. En este Diario hemos detallado a los ganadores y perdedores de dicha negociación. Pero esa atención suele provocar que no se mire con detenimiento la repartición paralela que sucede con las comisiones extraordinarias: las especiales y las investigadoras.

Para julio del 2025, la legislatura acabó con más de 30 comisiones extraordinarias. La mayoría de estas no tuvieron mayor justificación en su creación o no han existido elementos para mantener su funcionamiento hasta el último año de la era unicameral. En el fondo –y lo hemos demostrado a través de diversos informes–, estos grupos de trabajo solo sirven para la creación de más plazas laborales para las bancadas.

De las 27 comisiones especiales existentes a julio del 2025, hay varios casos para el análisis de la real necesidad de su permanencia. Cinco años después de la pandemia, el Congreso continúa teniendo un grupo de trabajo extraordinario “para el cumplimiento del plan de acción-vigilancia, contención y atención del COVID-19 en el Perú”. En la misma línea de la pandemia, otro grupo especial se dedica a revisar la “protección a la infancia en el contexto de la emergencia sanitaria”. También existe una “comisión conmemorativa del bicentenario de la independencia del Perú”.

Asimismo, hay comisiones que abordan el trabajo propio de las comisiones ordinarias. Existe un grupo de “seguimiento, coordinación y formulación de propuestas en torno a mejorar la situación de los peruanos residentes en el extranjero”. Es una temática que corresponde a la Comisión de Relaciones Exteriores, en la que se podría crear un subgrupo de trabajo especializado, sin la necesidad de crear una comisión extraordinaria.

Lo mismo ocurre con las comisiones investigadoras. Está el grupo que indaga el exceso de plomo en la sangre de los niños en la zona minera de Pasco, que es presidida por Magaly Ruiz, legisladora de APP investigada por el caso de los mochasueldos. Igual de irónico es que la legisladora Katy Ugarte, también investigada por un caso de recorte de sueldos, lidere el grupo que investiga la ejecución presupuestal y transferencias del Poder Ejecutivo.

Sería un despropósito que el Congreso, en su último año de gestión, apruebe la creación de más comisiones extraordinarias. El presidente del Congreso, José Jerí, tiene la oportunidad de liderar un cambio en esta problemática y exigir la rendición de cuentas de todos los grupos de trabajo, con el fin de garantizar su continuidad en lo que queda de gestión parlamentaria.

Otro paso importante sería sentar postura para que las comisiones extraordinarias no sean refugio o premio consuelo para los congresistas que arrastran serias acusaciones o investigaciones. Es una pésima señal colocar a un mochasueldo a cargo de una planilla extra. Y el presidente Jerí, que arrastra varias acusaciones graves, requiere dar señales en el sentido contrario.