En El Agustino, el 13 de marzo, José Cumpa Chavesta dormía en el bus de la empresa de transportes Etsibosa, en la que era conductor. Aun sabiendo que allí estaba, Los Mexicanos le prendieron fuego al vehículo para darle credibilidad a sus amenazas extorsivas. Cuando José pudo ser rescatado, tenía el 90% de su cuerpo quemado, por lo que falleció pocas horas después.
Se trata, sin duda, del caso más horrendo y conmovedor, pero es solo uno entre cientos de eventos criminales que han sucedido entre enero y mayo de este año.
En el Observatorio del Crimen y la Violencia hemos diseñado lo que llamamos el IDCV, una herramienta que nos da una aproximación mucho más precisa de los efectos de la violencia criminal. Así, no solo registramos los homicidios, sino también los homicidios fallidos que, bajo diferentes modalidades, pueden resumirse en: “Trataron de matarlos, pero no lograron su objetivo”.
¿Quiénes son las víctimas? La lista es larga: taxistas y mototaxistas, colectiveros, conductores de diferentes buses de transporte urbano e interprovincial, vehículos que llevan pasajeros y también aquellos que trasladan personal a distintos centros de labores. No solo los conductores, cobradores y jaladores, sino también sus pasajeros.
El Comercio ha revelado que incluso los choferes del Metropolitano empiezan a ser extorsionados. En este caso, por Los Gatilleros del Cono Norte, que exigen pagos mensuales de S/400 mediante códigos QR para no atentar contra sus vidas.
El problema viene de atrás. Ya en el quinto reporte dábamos cuenta de que, en el 2025, asesinaron a 239 transportistas. De ellos, 138 fueron mototaxistas, taxistas y/o sus pasajeros.
Hay que señalar que la gran mayoría de estos casos ocurrió entre la medianoche y las seis de la mañana, seis horas durante las cuales, por una directiva aún vigente de la PNP, las motos no patrullan.
Ahora, con esta nueva herramienta en mano, hemos publicado en nuestro sexto reporte un informe especial que lleva por título “La tragedia de los transportistas”.
Con el IDCV hemos registrado, entre enero y mayo, 83 casos en Lima Metropolitana y 16 en el Callao. En menor medida, algunas otras regiones del país –Piura, La Libertad e Ica– también están afectadas.
Pero matarlos o intentar hacerlo no es el único ‘castigo’. Hasta abril, entre Lima y Callao se registraron 12 atentados con incendios provocados y tres con explosivos. En La Libertad hubo tres de estos últimos.
En el 2026 ya no se realizan paros exigiendo seguridad, los cuales, como sabemos, no cambiaron nada. Lo que hay es una masiva salida del oficio: algunos migran al exterior, donde ganan más y no los matan. Son reemplazados por gente más joven y necesitada, dispuesta a correr el riesgo. Por ello, la calidad del manejo ha disminuido y los accidentes aumentan.
No podemos seguir fallándoles a los transportistas. Basta de esa irresponsable oferta de poner a un policía en cada bus: se requerirían 26.000 por turno, una cifra muy superior al total de policías que hay en Lima y Callao. Incluso si fuera posible, también podrían ser víctimas de los disparos a mansalva contra los vehículos.
Lo que sí es tremendamente importante, y fue anunciado en el ya lejano gobierno de Dina Boluarte, es la instalación de cámaras dentro y fuera de los vehículos. No necesariamente podrían evitar los ataques, pero sí ayudar en la investigación y sanción de los responsables, lo que pronto se convertiría en un elemento disuasivo para seguir cometiéndolos.
Sin embargo, la licitación para las cámaras se ha caído y ha vuelto a fojas cero. ¿Por qué? Por esa mezcla de incompetencia y corrupción de la que estamos hartos. Queda claro que, de esa manera, las cámaras que salvan vidas tardarán muchos meses más en llegar, si es que llegan.
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