Congreso 2021-2022

A todos deberían de preocuparnos los muy bajos niveles de aprobación de los ciudadanos al desempeño del Congreso. Según la encuesta de junio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 85% de los entrevistados desaprueba el desempeño del Congreso (apenas un 12% lo aprueba); es decir, los niveles de rechazo son incluso mayores que los del presidente Pedro Castillo. La percepción de que existe “corrupción generalizada” es mayor en el Congreso, por encima de municipalidades, gobiernos regionales y el Poder Ejecutivo. Las percepciones son muy relevantes por sus consecuencias políticas, en tanto que reducen el respaldo a las instituciones y al régimen democrático en general, lo que puede traducirse en climas de opinión, patrones electorales y respaldo a iniciativas autoritarias.

Pero, por supuesto, las percepciones suelen ser un tanto arbitrarias y ciertamente imprecisas. ¿Cuál ha sido el problema de este Congreso? Más allá de que todos nuestros congresos (y todos los del mundo) han sido impopulares, ¿dónde están realmente sus problemas? A mi juicio, el problema central es que no llega a satisfacer ni a la oposición radical (porque no logró la destitución del presidente) ni al oficialismo (que aspira a una asamblea constituyente o a gobernar sin una fiscalización o control exigentes), y tampoco a quienes esperan cuando menos la no reversión de las pocas reformas importantes implementadas en los últimos años (como en la educación superior o el enfoque de género). En realidad, este Congreso solo ha permitido el avance de fuerzas hiperconservadoras e intereses de algunos grupos informales minoritarios.

El camino seguido por el Congreso a lo largo de la legislatura 2021-2022 ha sido un tanto inesperado. Al inicio del período, sabíamos que contábamos con dos grandes bloques a los extremos: de un lado, Perú Libre y Juntos por el Perú sumaban 42 escaños, muy lejos de poder alcanzar mayoría; y del otro, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, 44, muy lejos también de la capacidad de, por sí solos, censurar ministros o lograr declarar la vacancia de la Presidencia de la República. Parecía que ambos extremos se neutralizarían mutuamente, con lo que en el fiel de la balanza terminaban teniendo protagonismo Acción Popular y Alianza para el Progreso, que sumaban 31 escaños. El problema ha sido que estos y otros grupos minoritarios no lograron constituir un centro con peso político propio, al carecer de una agenda específica y de liderazgos lo suficientemente fuertes, por lo que terminaron siendo jaloneados por los extremos, un grupo radicalizándose con la oposición más dura, y otro negociando acuerdos con el oficialismo. Al mismo tiempo, el Ejecutivo tampoco puso en agenda políticas de reforma de centro-izquierda, con lo que un consenso más moderado resultó inviable.

Lo que resultó inesperado es que en este escenario de aparente polarización se alcanzaron amplias mayorías en muchos tema clave en torno de posturas abiertamente populistas y conservadoras. La derecha sorprendió al plegarse entusiastamente a posturas contrarias a la ortodoxia económica (retiros de fondos de AFP y CTS o reducción de IGV a diversos alimentos), y la izquierda lo hizo al seguir a la derecha en agendas conservadoras como, por ejemplo, al limitar la implementación del enfoque de género o al nombrar a una mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional, denunciando un supuesto “poder caviar” que debía de ser desterrado, priorizando disputas internas entre facciones de izquierda y perdiendo de vista a los adversarios más relevantes.

¿Podría cambiar esta dinámica en el período 2022-2023? Aparentemente, estas formas de relación están bastante establecidas en el Parlamento. Las cosas podrían cambiar rápidamente, sin embargo, por dinámicas extraparlamentarias: en particular, investigaciones fiscales y periodísticas podrían cambiar el humor de los grupos políticos, como ya ocurrió en el pasado con los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Y también una ola contundente de movilización en las calles, como ocurrió con el expresidente Manuel Merino, esta vez acicateada por los efectos de la crisis económica, cuyos efectos ya empiezan a hacerse visibles.