Los partidos del 2021, por Alfredo Torres

En vísperas de la Navidad del 2016, el gobierno de EE.UU. anunció que Odebrecht confesó haber pagado US$788 millones en sobornos en diferentes países, incluyendo US$29 millones en el Perú. Como señalamos en ese momento en esta columna, el impacto sobre los partidos políticos peruanos sería devastador. Este mes, el Perú, encabezado por el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo que investiga el Caso Lava Jato, firmó un acuerdo de colaboración con Odebrecht que permitirá que la empresa entregue pruebas sobre las coimas pagadas en los últimos 15 años.

Naturalmente, los afectados están aterrados y vienen impulsando denodadamente que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aparte al fiscal Vela y a su equipo del caso y que se frustren el interrogatorio a Jorge Barata previsto para enero y el acuerdo firmado entre el Estado y la empresa. De tomar esta decisión, es impredecible cómo reaccionará la ciudadanía contra Chávarry, pero de lo que no cabe duda es que estamos viviendo el fin de los partidos políticos que gobernaron el país o lideraron el Congreso del 2001 en adelante.

Todas las encuestas señalan que la imagen de Perú Posible, el Apra y el Partido Nacionalista –que fueron gobierno y cuyos líderes son sospechosos de corrupción– está absolutamente deteriorada, pero también la de Fuerza Popular, por el empecinamiento de Keiko Fujimori en negar haber recibido contribuciones de campaña de Odebrecht y haberlas pretendido ocultar con aportantes fantasma, lo que, en opinión de los fiscales y de gran parte de la población, configura el delito de lavado de activos.

El único partido que ha sido anteriormente gobierno y que podría capitalizar esta crisis en su beneficio es Acción Popular (AP). Fernando Belaunde fue un presidente muy criticado en sus dos gobiernos, pero nunca se dudó de su honradez. La misma virtud caracterizó a Valentín Paniagua, el presidente de la transición. Paniagua fue candidato en el 2006 y no tuvo éxito –recibió el 6% de los votos– pero la corrupción no era percibida entonces como el principal problema del país.

A AP le fue algo mejor el 2016. Con Alfredo Barnechea de candidato recibió el 7% de los votos, aunque en un contexto en el que Julio Guzmán y César Acuña habían sido retirados de la contienda. Aun así, 1,1 millones de peruanos votaron en esa elección por la lampa de AP, lo que no es deleznable. Pero el triunfo más significativo de AP se dio este año en Lima, donde Jorge Muñoz ganó la alcaldía con el 36% y recibió 1,9 millones de votos, solo en la capital.

AP no es un partido muy organizado o con una ideología definida. Lo que tiene es una “marca” limpia, que no genera rechazo entre los votantes. En consecuencia, si presenta buenos candidatos puede triunfar, como se confirmó este mes en el que ganó las elecciones para gobernadores en Cajamarca, Cusco y Huánuco.

En AP consideran que el cuarto puesto de Barnechea en el 2016 no es ningún mérito y que es muy difícil que un candidato que haya quedado en el cuarto lugar en una elección triunfe posteriormente. Los antecedentes lo confirman. Ni Fernando Olivera (10% en el 2001), ni Martha Chávez (7% en el 2006) ni Alejandro Toledo (16% en el 2011) tuvieron éxito posteriormente. Todavía está fresco el 1,3% que recibió Toledo en el 2016.

El insólito encuentro hace una semana entre Luis Castañeda y Alfredo Barnechea para “pasear en un carrito de golf” y “visitar obras inconclusas”, si empleamos las expresiones de Jorge Muñoz, revelarían que Barnechea intuye que no podrá ser candidato de AP y que está buscando postular por Solidaridad Nacional, el partido de Castañeda.

El caso de Barnechea confirma la necesidad de que los partidos políticos elijan a sus candidatos en elecciones internas simultáneas organizadas por la ONPE y que estas sean abiertas, de manera que la cúpula del partido no administre el padrón de afiliados para orientar el resultado en un sentido determinado.

Fernando Tuesta, flamante presidente de la Comisión de Reforma Política constituida por el Gobierno, ha propuesto que solo los partidos que superen en las elecciones internas un umbral (50 mil personas, por ejemplo) puedan inscribir sus listas y el resto pierda la inscripción. Sería una excelente manera de empezar a depurar y renovar nuestro devastado sistema de partidos.

La Comisión de Reforma Política convocada por el Gobierno está conformada por cinco distinguidos especialistas, lo que augura una propuesta bien diseñada. Ha sido una buena iniciativa ante la dificultad de avanzar en el Congreso (recuérdese que Patricia Donayre, que presidía la comisión de reforma, renunció a Fuerza Popular por la falta de respaldo). Ojalá que con los nuevos vientos que soplan en el Congreso, se logre la mayoría necesaria para aprobar la propuesta el 2019 porque las necesarias elecciones internas simultáneas y abiertas tendrían que llevarse a cabo el 2020 de manera que podamos tener mejores opciones el 2021.

Feliz Navidad para todos.