Daño autoinfligido, por José Carlos Requena

Han pasado solo dos semanas desde la partida de Guido Bellido de la PCM y del consiguiente cambio parcial del Gabinete. Mientras el grupo que coordina Mirtha Vásquez continúa a la espera de obtener el voto de confianza del Parlamento, el Gobierno en su conjunto parece haber cosechado poco del giro efectuado, debido principalmente a erráticos pasos y a una obsecuencia marcada que podría condenarlo a una precariedad aun mayor.

La encuesta reciente de El Comercio-Ipsos grafica un estancamiento en el respaldo ciudadano al mandatario Pedro Castillo (el 42%, el mismo porcentaje que el mes pasado), aunque mantiene un pico marcado en el interior rural (62%). Si se le compara con sus predecesores, solo el impopular Alejandro Toledo presentaba una situación similar, aunque habiendo empezado su mandato con una aprobación más auspiciosa.

En tanto, la aprobación a la recién estrenada premier es menor (32%) que su desaprobación (38%), y apenas supera el aparente desconocimiento de su figura o la indiferencia ante su incorporación, que podría representar el “no precisa” (30%). En la capital, la desaprobación a Vásquez llega al 47%.

En gran parte, esta situación debe atribuirse al caos imperante en una administración que contiene numerosas voces con posiciones erradas y mensajes desfasados frente a las expectativas ciudadanas. La misma encuesta reporta que las prioridades son económicas y sociales: el 57% cree que la reactivación económica y la generación de empleo deben ser “prioritarios para el Gobierno”. Se suele atribuir un rol preponderante al pueblo, pero parecen hacer oídos sordos a su clamor.

Si a ello se agrega la recurrente convocatoria a personajes que cargan con numerosos pasivos (sin contar aquellos con fajín ministerial), la situación se agrava aun más. El paso más reciente en este rubro es el reclutamiento del exalcalde de Lima Ricardo Belmont como asesor presidencial, anunciado con bombos y platillos por el propio presidente Castillo. Es difícil identificar el aporte que puede significar Belmont para la gestión presidencial, si se recuerda sus últimas incursiones políticas y su desvencijado discurso.

Por si hace falta recordarlo, fue candidato a la alcaldía capitalina en el 2018, representando a Perú Libertario, el membrete que entonces utilizó el partido que lidera Vladimir Cerrón. Obtuvo solo el 3,9% de los votos. Cerrón, dicho sea de paso, se apresuró a decir que Belmont no fue una propuesta de su partido, aunque le deseó “muchos éxitos en su desempeño”.

Otro nombramiento controversial es el del embajador del Perú en Venezuela, Richard Rojas. La Cancillería ha indicado que la decisión “responde a la evolución del proceso político venezolano y al reconocimiento recíproco como interlocutores legítimos que se han dispensado el Gobierno y la Plataforma Unitaria de Venezuela”. Pero bien se pudo encargar tan sensible rol a alguien que no enfrentara los apuros judiciales que Rojas tiene.

A la seguidilla de nombramientos con severos flancos, se agrega el frente que empieza a abrirse en torno de la ley sobre la cuestión de confianza. A la observación por parte del Ejecutivo, le ha seguido la aprobación por insistencia, ante lo que se ha anunciado que se planteará una acción de inconstitucionalidad. Un enfrentamiento que Fernando Carvallo llama con precisión “escaramuzas constitucionales” (“Las cosas como son”, RPP, 20/10/2021) y que difícilmente genere alguna capitalización política para el Gobierno de Castillo.

Cuando el mandatario se acerca a cumplir su primer trimestre en el cargo, su Gobierno presenta un acuciante desgaste, cuando lo que debiera lucir para abordar los complejos retos que tiene al frente es una fortaleza que se asiente sobre la unidad nacional a la que ha aludido en el pasado. El desgaste por creación heroica propia es un daño autoinfligido.