¿Ante qué riesgo autoritario estamos? (2)

La semana pasada comentaba sobre el riesgo autoritario que sufre nuestra democracia, a pesar de estar ante un gobierno débil, sin respaldo ciudadano, sin representación propia en el Parlamento y sin mayor iniciativa política. Decía que lo que ocurre es que parece haberse formado una suerte de coalición informal de carácter populista y conservador, que involucra al Ejecutivo, a un fragmentado Congreso, al Tribunal Constitucional elegido por este y aún más allá.

Si bien en la política es relativamente natural que haya influencias o hegemonías de ciertos sectores en diferentes instituciones, sí resulta problemático cuando una coalición entiende su causa como una cruzada restauradora, sin importarle romper la continuidad de políticas de Estado, compromisos internacionales, avances en cuanto a fortalecimiento institucional de áreas claves del sector público o el control político de las fuerzas del orden.

El eje de esta coalición es, sorprendentemente, el Parlamento, a pesar de que estamos ante el Congreso más fragmentado de nuestra historia democrática reciente, en el que además las posiciones extremas tienden a predominar sobre las moderadas, y en el que también ha habido episodios de dura confrontación entre los extremos ideológicos. Sin embargo, encontramos también amplios espacios de acuerdo, como la defensa de las prerrogativas parlamentarias frente al Ejecutivo.

Más que una dinámica gobierno-oposición tenemos una Congreso vs. Ejecutivo, en el que el primero parece ante todo interesado en defender sus prerrogativas, expresión de cuánto pesa la defensa de los intereses individuales más inmediatos y pedestres de los parlamentarios. Y en esta defensa se da también un amplio espacio de consenso en contra de restricciones y candados institucionales ‘impuestos’ por tecnócratas y burócratas insensibles y elitistas; es decir, la legitimación de una lógica populista.

Bajo el consenso neoliberal, el populismo aparecía como proscrito, pero el avance de posiciones radicales de izquierda y el desplazamiento en la derecha de posturas liberales por posturas extremistas ha generado también esta área de rechazo hacia aquellos consensos basados en el respeto a políticas de Estado o el cuidado de la imagen internacional del país.

Además, está el carácter conservador de esta coalición, lo que no necesariamente estaría mal, si no fuera porque viene acompañado por una suerte de lógica restauradora y excluyente. Aquí también converge el rechazo de la izquierda más extremista y, al mismo tiempo, conservadora a sectores progresistas y liberales, articulados a redes y organismos internacionales, que influyeron sobre algunas políticas públicas levantando una agenda que podríamos llamar ‘posmaterialista’, reivindicando temas como la equidad de género, los derechos a la identidad étnica y de género, la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, entre otros.

Converge así con la agenda de una “derecha antiderechos” movilizada en contra de la “ideología de género”, de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, en nombre de la reivindicación de la familia tradicional, la etnicidad mestiza criolla, la defensa del orden y el progreso. El rechazo al llamado “caviarismo” es un común denominador que une tanto a izquierdas como a derechas extremas, el rechazo a una agenda considerada exótica, cosmopolita, sofisticada, pero sin sustancia, ajena a la supuesta naturaleza y necesidades de nuestros pueblos, impuesta por intereses subalternos. Así, para Vladimir Cerrón, “la izquierda caviar” resulta el “enemigo principal”, y para Ernesto Blume el “movimiento caviar” es un “cáncer” al que se debe “exterminar”.

El Ejecutivo actual parece sumarse, o al menos acomodarse, a este sentido común. Otro punto fundamental que une al Ejecutivo y a la mayoría conservadora del Parlamento es la apelación a la restauración del orden, la percepción de estarse enfrentando a un pérfido enemigo con apoyo internacional (tan artificioso y evanescente como el fraude en las elecciones del 2021). Y el hecho de ampararse en la acción de la policía y las Fuerzas Armadas, abdicando prácticamente de sus responsabilidades de conducción y liderazgo, y dejando a estas actuar bajo su cuenta y riesgo con evidentes errores de enfoque que han dejado un inaceptable saldo de más de 50 fallecidos.