“El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”, “somos un país subdesarrollado y pobre” y otras frases similares me han hecho siempre ruido. Si bien la pobreza monetaria y la vulnerabilidad económica afectan a más de la mitad de la población (INEI), siendo este un problema estructural y muy serio, somos una sociedad diversa, emprendedora, culturalmente rica y adaptativa. En mi columna anterior escribí sobre la gran oportunidad que tiene el país para capitalizar el esfuerzo que miles de familias vienen realizando desde hace décadas para la construcción informal de su vivienda, convirtiéndolo en un camino hacia la salida sostenida de la pobreza. Esta actividad mueve al año cerca de S/25.000 millones de manera directa (Grade, 2024), lo que equivale al 10% del presupuesto público aprobado para el 2024 (MEF).
El sector financiero y antes el sector ‘retail’ han sabido adaptar sus productos a este importante grupo de peruanos, que representa al 72,7% de la PEA y casi un tercio de la productividad laboral de toda la economía del país (INEI). Según el Instituto Peruano de Economía (2023), los créditos para dichas familias equivalen al 79% de las colocaciones a microempresas y de consumo de todas las cajas rurales del país y al 40,9% de las cajas municipales (Grade). Por otro lado, el sector ‘retail’ viene presentando un importante crecimiento en las últimas décadas: del 2000 al 2020 los centros comerciales se multiplicaron por 13, siendo que el 40% de ellos está ubicado fuera de Lima y el Callao (Accep). Pero si analizamos las cifras del Fondo Mivivienda, no apreciamos ese ritmo de crecimiento. El número de créditos colocados en los últimos diez años se mantiene en el mismo rango, presentando fuertes caídas en el 2017 y el 2020. Asimismo, cerca del 70% de estos créditos se ubica en Lima y el Callao (Boletín Estadístico FMV, 2023). Es evidente que los programas de vivienda social no están llegando a la mayoría de las familias, que deben recurrir al mercado informal.
Estos temas se trataron en un interesante encuentro organizado por ONU-Habitat y Grade, en el que participaron destacados representantes de instituciones que están trabajando en soluciones para el acceso a la vivienda. El diagnóstico fue similar: necesitamos trabajar decididamente en la inclusión financiera con la banca privada, multilateral y fondos de inversión de impacto; precisamos mejorar el funcionamiento, financiamiento y capacidad de fiscalización de las municipalidades, para planificar y gestionar el desarrollo urbano formal, y así mejorar la calidad de la inversión; urge fortalecer la regionalización y la descentralización del Estado y, con ello, de la producción y la economía. Para todo esto tenemos recursos, pero estos se encuentran atomizados en los diferentes niveles de gobierno. Asimismo, ninguna institución está abordando el problema de manera estructural, planteando las reformas necesarias para canalizar mejor los esfuerzos en la construcción de mejores ciudades y, por ende, de viviendas dignas y seguras.
¿Quién debería asumir ese liderazgo? Todo apunta al Ministerio de Vivienda, pero su estructura orgánica le impide abordar integralmente el problema. Esto se ve reflejado en su nombre, “Vivienda, construcción y saneamiento”, cuando en la mayoría de los países vecinos las entidades equivalentes llevan las palabras “urbanismo”, “hábitat”, “territorio” y “ciudad”. Por otro lado, el Ministerio de Economía mantiene una visión eficientista de la inversión, motivando el gasto y la promoción de proyectos como fines en sí mismos, cuando debería promover la planificación urbana y territorial para determinar los proyectos estratégicos. Asimismo, el MEF considera que los recursos destinados a reducir la brecha habitacional son un gasto y no una inversión, pues no toma en cuenta el impacto que tienen en la economía asociado a la mayor productividad y menor vulnerabilidad de las familias.
Cambiar estos dos enfoques permitirá mejorar notablemente la calidad de las inversiones y utilizar otro tipo de herramientas financieras.
Como vemos, necesitamos conectar las políticas e intereses del sector público y privado para promover proyectos innovadores, sobre todo asociados a la inclusión financiera y al desarrollo urbano, que permitan multiplicar el enorme esfuerzo de nuestras familias en seguridad, inclusión, salud y riqueza. #GanamosTodos.
* Este artículo fue escrito con los aportes de Álvaro Espinoza, Natalia Rey de Castro y Rodolfo Santa María.
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