Inversión privada sin privilegios tributarios

La inversión privada ha salido de su letargo. Tras cinco trimestres consecutivos de caída, ha comenzado a crecer de nuevo. Una pequeña siesta, se diría, comparada con los 14 trimestres de hibernación que tuvo entre principios del 2014 y mediados del 2017, pero que estaba generando preocupación por las perspectivas a mediano plazo de nuestra economía. Según ha reportado el Banco Central de Reserva (BCR), la inversión privada creció 8,8% en el primer trimestre del año y de 5% en los últimos 12 meses, si uno hace los números. La degradación cada vez mayor de la política parece tenerla sin cuidado. La economía, como hemos dicho en más de una ocasión en este espacio, tiene su propio ritmo, que no es el mismo que el de la política.

Pero el BCR ha hecho algo más: ha recalculado las cifras de la inversión privada para varios años hacia atrás. Según los nuevos cálculos, en los cuatro años posteriores a la pandemia el sector privado ha invertido, en promedio, casi 3.000 millones de soles más por año de lo que hasta hace poco se pensaba.

Más interesante aun es que, de los S/45.000 millones invertidos por el sector privado en el primer trimestre del año, la inversión minera representa menos del 10% (US$1.059 millones, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas). Quiere decir que se ha invertido más de S/40.000 millones en otros sectores. A juzgar por las importaciones de bienes de capital –maquinaria, herramientas, instrumentos–, que son un componente importante de la inversión y que también reporta el BCR, la inversión en la industria manufacturera habría sido 22% mayor que en el primer trimestre del año pasado (US$2.620 millones) y 78% mayor (US$57 millones) en el sector agrario.

Nunca, desde antes de la pandemia, se había importado más bienes de capital en un solo trimestre para la industria. Nunca, tampoco, se había importado tantos bienes de capital para la agricultura, ni siquiera antes de la derogación parcial de la ley agraria del 2000, aquella que redujo la tasa del impuesto a la renta al 15% (la mitad de la que pagan todos los demás sectores, salvo el minero, que paga más con otro nombre). Una demostración, dicho sea de paso, de que no es necesario crear zonas económicas especiales (ZEE) ni aprobar una nueva ley agraria que restituya el privilegio tributario con el pretexto de incentivar la inversión.