El Perú está a un peldaño de perder la calificación de grado de inversión. La semana pasada, Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación crediticia del Perú a BBB-, al considerar que la incertidumbre política que vivimos limita el crecimiento. Esto significa un retroceso al nivel de los años 2008-2011. ¡Trece años de retroceso! ¿Por qué esto es importante? Las calificaciones soberanas evalúan la capacidad de pago del Estado y tienen un impacto en el costo de financiamiento del país en el mercado financiero internacional. A mejor calificación crediticia, menor es el costo de “fondeo”, y viceversa.
Un riesgo adicional es que las calificadoras podrían también rebajar la calificación de las empresas peruanas y ponerlas en grado especulativo, lo que, a su vez, aumentará su costo de financiamiento y el interés de los inversores extranjeros en nuestro país. Algunos economistas han salido a sostener que el precio de los metales nos sostendrá. Y, nuevamente, el Perú consolándose con migajas, cuando precisamente deberíamos aprovechar el precio de los metales para impulsar el crecimiento del país y el desarrollo de otras industrias. La mediocridad se ha convertido en años recientes en nuestro modus operandi. ¿Quién responde a los más de 10 millones de peruanos que hoy viven en pobreza?
El Perú dio un salto gigantesco en las tres décadas previas al inicio de la pandemia del COVID-19. Lo hicimos con muchísimo esfuerzo y mucho más rápido que el resto de países de Latinoamérica. Logramos reducir la pobreza del 54% en el 2004 al 20,3% en el 2020. Y esto es esencialmente por las reformas fiscales y económicas de los años 90 y porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se convirtió en una isla de excelencia con un manejo de país del Primer Mundo. La macroeconomía, además, fue manejada quirúrgicamente, con un respeto absoluto de la política fiscal conservadora que, hasta el gobierno de Pedro Castillo, habían mostrado todos los ministros de Economía de los distintos regímenes. Y, de pronto, perdimos el MEF.
José Arista deberá responder por los malos manejos que viene realizando en el MEF. Primero, frente a Petro-Perú, y luego al ceder a la presión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para aprobar el irresponsable endeudamiento municipal. Le siguió el reparto de recursos públicos a gobiernos regionales en respuesta a los coqueteos de la presidenta, el temor mostrado frente al Congreso al no observar la ley que aprobaba el séptimo retiro de los fondos de las AFP “porque era una batalla casi perdida” y no quería que la población sintiera que hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y la semana que pasó, siguiendo las indicaciones de Boluarte, no confirmó al exministro Carlos Oliva como presidente del Consejo Fiscal (CF), porque era incómodo para el Gobierno. Arista parece no tener idea de cuáles son las responsabilidades de un ministro de Economía.
Gobernar un país implica afectar intereses de grupos que han capturado rentas del Estado, sea a través de puestos públicos, contratos, o regulación y permisos. Gobernar requiere firmeza, claridad y valentía.
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