A inicios de año, el Perú estuvo cerca de una crisis real de desabastecimiento de vacunas contra la influenza. La causa: el avance de la cepa H3N2 y un sistema de compra tan lento que obligó al Estado a pedirle a OPS –el intermediario– que adelante la entrega a febrero del 2026 para no quedarse corto. No fue un simulacro. Fue el resultado lógico de depender de un solo intermediario, con un año de anticipación y sin competencia.
El Perú compra sus vacunas desde el 2012 a través del Fondo Rotatorio de la OPS, que licita en nuestro nombre. Tuvo sentido entonces: los grandes laboratorios no veían aquí mercado suficiente, y la industria no garantizaba oferta permanente. Ese mundo ya no existe. Hoy operan en el país laboratorios internacionales con capacidad permanente instalada.
El problema es que seguimos pagándole a la OPS por tercerizar una tarea que ya podemos hacer solos. La Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en su artículo 54, ya nos permite comprar directamente a través de licitaciones, en competencia, sin pasar por la OPS, mediante procedimientos de selección competitivos pensados para que el Estado obtenga el mejor valor por dinero. La pregunta es por qué no lo hacemos.
Los números lo confirman. En promedio, el país pagó más de US$4 por monodosis en los últimos tres años, un precio entre 40% y 70% mayor por las vacunas respecto al que se ofrecería en un mercado en competencia. Si la hubiera, el precio se aproximaría a US$2,50 o menos por monodosis. Ello, considerando que en países vecinos con compra directa –en competencia– se obtienen precios mucho menores: Chile, US$1,52; Argentina, US$2,52.
Comprar directamente –dejando competir a quien ofrezca mejores condiciones, sea local o extranjero– generaría ahorros de hasta US$20 millones cada año. Un monto nada trivial, justo cuando el propio gobierno busca recortar S/2.500 millones para enfrentar la emergencia del fenómeno de El Niño.
El diseño completo del mecanismo, además, tiene tres fallas que se acumulan. Primero, el dinero se congela antes de gastarse: el Minsa transfiere fondos por adelantado a la OPS según estimaciones que el propio organismo elabora y que vienen sobredimensionadas. Entre el 2023 y el 2025 se comprometieron US$31 millones que no se usaron, y ese dinero no vuelve al Minsa, sino al MEF, sin cerrar ninguna brecha del sector. Segundo, se paga por trámites evitables: solo en sobrecostos logísticos el país pierde sumas considerables (alrededor de US$10,7 millones en los últimos años). Esa comisión, de paso, no es fija: la propia OPS se la subió de 3,5% a 4,25% en el 2013, y desde entonces la pagamos sin chistar. Tercero, el calendario no cierra: el Estado transfiere el dinero a la OPS en mayo, pero recibe las vacunas recién entre marzo y junio del año siguiente –a veces en hasta 24 entregas parciales, como en el 2025–, dejando apenas seis a nueve meses de vida útil para ejecutar la campaña antes de que el stock venza. Y estas tres fallas no son privativas de la influenza: se repiten en cada compra que el país realiza hoy a través del Fondo Rotatorio, vacunas, jeringas y otros insumos.
La alternativa es dejar competir a quien ofrezca mejores condiciones, en vez de recurrir siempre al Fondo Rotatorio de la OPS. No tiene sentido que, teniendo la capacidad administrativa y el marco legal, se abdique en considerar esta alternativa de abastecimiento, la cual tiene el potencial de ser la que mejor valor por dinero ofrezca al Estado. Así, se podrá recurrir al Fondo Rotatorio, pero siempre que presente mejores condiciones a las ofrecidas por el mercado.
El ministro Dyer ha mostrado buen ojo para detectar ineficiencias sectoriales. Esta, que puede liberar hasta US$20 millones al año, todavía no la mira. Está en su cancha.
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