La XLV Encuesta del Poder de “Semana Económica”, que recoge el punto de vista de líderes de opinión de distintos ámbitos, pregunta: ¿qué instituciones o sectores tienen más poder en el Perú?
El Congreso lo encabeza con un aplastante 89%, por la subordinación del Ejecutivo ante él y, también, por el uso abusivo de su poder, arrasando todo a su paso en función de los turbios intereses de muchos de sus miembros. El Ejecutivo aparece recién tercero y muy detrás, con 32%.
Con lucidez y expresando la preocupación general, los encuestados colocan en segundo lugar y, muy por encima del Ejecutivo, a las economías ilegales, con 48%.
En la misma línea, recientes encuestas de Ipsos hechas a pedido del Observatorio del Crimen y la Violencia recogen la opinión de la población en general:
–¿Qué tan probable es que las economías criminales utilicen dinero ilícito para influir en los resultados de las próximas elecciones? Muy probable y bastante probable, 78%, con un pico en Lima, donde llega al 84%.
–¿Qué tan probable es que se presenten actos de violencia o intimidación contra candidatos [...]? Muy probable y bastante probable, 67%, y en Lima llega al 72%.
–Con respecto al crimen violento/delincuencia, ¿cree usted que en el próximo gobierno...? Se mantendrá en el nivel que se encuentra, 35%; empeorará más, 46%. Dos opciones terribles que suman 81%.
El daño que ha hecho la tolerancia y hasta la protección del Congreso y el Ejecutivo a las economías criminales es incalculable.
El ejemplo más notorio: la minería ilegal, la más lucrativa (los US$12.000 millones estimados para el 2025 se quedan cortos con el oro a US$4.000 la onza) y que sigue haciendo de las suyas. Al punto que la Comunidad Andina de Naciones ha resuelto que el Estado Peruano incumplió sus obligaciones de protección de la Amazonía, ante una denuncia presentada por 33 comunidades campesinas e indígenas de la cuenca del río Nanay (sí, el que pasa al ladito de Iquitos) y ha ordenado corregir con “urgencia” el marco normativo interno, léase el Reinfo y otras normas.
Para terminar, lo que sería el colmo de los colmos: según los portales Gato Encerrado y La Encerrona, Panamericana Televisión sería comprada por un empresario vinculado a la minería ilegal y esto se haría público en estos días.
Coda: el paro de transportistas por el asesinato de otro conductor y la masiva solidaridad de los pasajeros afectados marcó la semana. Esta historia no ha concluido, pero debería servir de lección a Boluarte y adláteres para que, cuando no tengan nada inteligente que decir, se callen la boca y no echen más gasolina al fuego.
La presidenta: “Un paro de 24, 48 horas o más, no va a solucionar [...] el crimen organizado” y “no abran esos mensajes [extorsivos], pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número”. El primer ministro: “No vamos a declarar el transporte en emergencia”. Lo dijo a los pocos días de que Boluarte lo anunciase como la “solución”.
El ministro Malaver sobre la muerte que gatilló el paro: “Me sorprende que tan alegremente [sic] digan que ante un fallecido hay un paro. Ese señor era venezolano y estaba en proceso de divorcio; puede ser un ajuste de cuentas o un crimen pasional”. El comandante general de la PNP: “Todos tenemos que morir”.
El ministro Sandoval: “No fue un paro contra el gobierno, sino contra la criminalidad, o sea en la misma línea de gobierno”, y de yapa, el jefe de la región Lima de la PNP: “La oferta de vehículos está satisfaciendo a la población”, mientras desesperados trabajadores ‘asaltaban’ y repletaban cualquier combi que los pudiera acercar hasta su destino.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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