El intocable

El 24 de mayo del 2017, Augusto Puga Velásquez llamó a su mamá por última vez. Tenía 22 años y había dejado la casa familiar de San Félix para instalarse en una residencia estudiantil de Bolívar, a hora y media de viaje. Esa tarde, acudió a la Universidad de Oriente, donde cursaba el cuarto semestre de la carrera de medicina, y se topó con una protesta de un grupo de estudiantes contra el régimen de Nicolás Maduro. En ese instante, efectivos de la policía del estado de Bolívar y de la Milicia Nacional Bolivariana ingresaron al campus, violentando la autonomía universitaria, y dispararon a mansalva contra los presentes. A Augusto una bala le dio en la cabeza. Seis años después, su madre recordaba la última conversación telefónica que mantuvieron mientras les contaba a los medios cómo las autoridades la venían ‘paseando’ desde entonces con la investigación, diluyendo la posibilidad de que la muerte de su hijo encuentre justicia (o algo que se le pueda parecer al menos un poco).

El año en el que Augusto fue asesinado otras 132 personas perdieron la vida en Venezuela en medio de movilizaciones ciudadanas. No todas ellas eran manifestantes. Algunas simplemente se encontraban cerca de las concentraciones, como el propio Augusto o como Jesús Rodríguez Rodas, quien había ido a la farmacia a buscar un medicamento para su esposa cuando un tiro de la represión le alcanzó en el pecho. Hace una semana, al ver a Maduro capturado por las fuerzas estadounidenses, no pude evitar sentir un poco de amargura al conocer que entre los cargos que se le imputan –y por los que probablemente será condenado– no está el de asesinato. Pero luego, pensándolo bien, me di cuenta de que en realidad poco debe importarles a los familiares de Augusto, Jesús y los cientos de víctimas de las fuerzas del orden chavistas –esas que obedecían a Maduro sin rechistar y que eran el verdadero sostén de su régimen de terror– el detalle de las imputaciones. Más aún, cuando la posibilidad de que Maduro muriera sin pisar nunca una sala de audiencias (como ha ocurrido con otros tiranos de su estirpe) era alta. Bastante alta.

En estos días, en los que las discusiones sobre la detención de Maduro han girado casi en su totalidad en torno de la legalidad de la operación estadounidense y de la injerencia del presidente Donald Trump en América Latina, muchos han preferido olvidarse de cómo llegamos a este punto. Como si Maduro se hubiese mantenido los últimos 13 años en el cargo por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo no.

No olvido que cuando los venezolanos se movilizaron para obligarlo a renunciar encontraron como respuesta una lluvia de balas. Que, producto de la represión, 43 personas murieron en el 2014; 133 en el 2017; 14 en el 2018; 66 en el 2019 y 25 en el 2024. Todas ellas, repito, solo en manifestaciones, porque miles más murieron en los calabozos de la dictadura e, inclusive, en sus propias casas, donde fueron ejecutadas en confusos “operativos de seguridad” de las terroríficas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), como cualquiera puede leer en el famoso Informe Bachelet del 2019.

Tampoco olvido que, cuando se buscó la vía democrática, Maduro y sus asalariados se encargaron de sabotearla, una vez detrás de otra. Que, en el 2016, cuando la oposición inició el proceso de recolección de firmas para convocar a un referéndum revocatorio, el Tribunal Supremo de Justicia les cambió los requisitos sobre la marcha y, luego, cinco tribunales de estados controlados por el chavismo frenaron el procedimiento. Que, cuando se trató de celebrar elecciones libres en el 2018, el régimen inhabilitó, persiguió y forzó al exilio a los únicos candidatos que podían hacerle frente. Y que, cuando finalmente aceptó ir a elecciones en el 2024, no acató los resultados y escondió las actas.

Ni olvido que, cuando se trató de explorar la tan manida alternativa del ‘diálogo’, en República Dominicana y en Barbados, el chavismo la utilizó para ganar tiempo y ‘pasear’ a sus interlocutores y a la comunidad internacional. Esa misma comunidad internacional que en los últimos 13 años se dedicó, en el mejor de los casos, a documentar los crímenes del régimen y a firmar furiosos comunicados con los que Maduro se limpiaba la cara, y, en el peor, a ser complaciente y cómplice con ellos (¿o nadie se acuerda ya del exjefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tratando de presentarse como mediador en la crisis venezolana al mismo tiempo que pasaba por agua tibia la muerte del concejal opositor Fernando Albán, quien ‘cayó’ desde un décimo piso mientras se encontraba bajo custodia policial? Porque yo sí).

Lo digo para evitar malentendidos: soy un firme creyente en que la comunidad internacional ha sido y sigue siendo un factor determinante para evitar abusos contra las personas en todo el mundo. Pero también creo que la mejor forma de defenderla es justamente preguntándonos por qué en pleno siglo XXI todavía carece de herramientas para evitar que un tirano que está masacrando a su país continúe haciéndolo a vista de todos. Y ahora, cuando la comunidad internacional parece más preocupada que nunca por el futuro de los venezolanos, quizás debería empezar examinando su propia responsabilidad al dejar que mataran, torturaran y encarcelaran a miles de ellos durante años; al hacer de Maduro un dictador intocable.

A no ser, claro, que crea que no la tiene.