(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Carlos Contreras Carranza

Historiador y profesor de la PUCP

Esta semana arrancó con la impactante escena de cuatro altos ejecutivos de las más importantes empresas de construcción en el Perú ingresando a la carceleta del Palacio de Justicia, más uno adicional, detenido en una clínica bajo la figura de arresto domiciliario. Quienes hemos vivido en el país en lo que va del siglo, de a pocos nos hemos habituado al espectáculo de hombres con apellidos y apariencia propios de las páginas sociales apurando el paso entre guardias uniformados, con las manos por delante cubiertas pudorosamente por alguna prenda. No es que en el Perú no hubieran ingresado antes empresarios a prisión, pero cuando no se trataba de personajes implicados en la política, era el caso de hombres de negocios provenientes de estratos emergentes, que habían optado por fundar una línea aérea o una cadena de grifos para disfrazar dineros de origen dudoso o al menos así señalados. También hubo el caso de inmigrantes de una o dos generaciones atrás, sin mayores raíces en nuestro jerarquizado mundo social, descubiertos en videos con las manos en la masa.

Pero lo ocurrido el lunes rompió todos los precedentes al poner en evidencia que ya no hay sectores sociales (ni ideológicos) en el Perú que puedan erigirse como soportes de la moralidad o la así llamada decencia. ¿Es que hasta hace 20 años los empresarios de alcurnia miraban solo con asco el negocio sucio y lo que vemos ahora es una prueba de una decadencia moral, o lo que sucede es que una justicia parcializada y genuflexa no los había antes tocado?

Revisando la historia patria podemos comprobar que el oficio de empresario es, al lado de los de la alta burocracia y la administración de justicia, uno de los de mayor riesgo moral por estas tierras, sobre todo si se trabaja con el Estado, en sus distintos niveles (central, regional o municipal). ¿Es posible sobrevivir como contratista de un Estado como el peruano, sin caer en pecado tan nefando como el de la corrupción? En la época colonial, cuando el gobierno discurría tan alejado de su sede central, ocurrieron diversos casos de corrupción. Aunque no todos fueron perseguidos, habría que aclarar que la justicia no se anduvo con chiquitas cuando descubrió las jugarretas de los malos súbditos del rey.

Uno de los episodios más recordados envolvió a una suerte de contratista del Estado, el comerciante Francisco Gómez de la Rocha, quien, en contubernio con el ensayador de la Casa de Moneda de Potosí, Felipe Ramírez de Arellano, adulteraba las monedas emitidas por esta entidad, reduciendo su cantidad de plata y quedándose con la diferencia. Esto ocurrió en la década de 1640 y, debido a la cantidad de funcionarios y personajes locales implicados, pasaron años hasta que las autoridades pudieron poner al descubierto el negociado. Juzgados por una autoridad venida desde la península, la pena fue la muerte en el garrote y varios de los secuaces murieron en la cárcel. La ciudad quedó aterrada y no volvió a saberse de monedas adulteradas hasta que entró la República.

El régimen republicano fue en cambio mucho más laxo, si nos guiamos por las investigaciones de Alfonso Quiroz en su “Historia de la corrupción en el Perú”. Durante la era de las vacas gordas del guano, los contratos para exportar el fertilizante a los mercados mundiales fueron una verdadera “orjía financiera”, como los calificó el poeta Arnaldo Márquez. En 1860 se dictó una disposición para que todos los contratos para la venta de guano fuesen aprobados por el Congreso, con la esperanza de que dependiendo de la venia de muchos, sería más complicado repartir los sobornos. Pero gobernantes y comerciantes se dieron maña para esquivar la disposición.

Convertir en vías de comunicación la renta fiscal dejada por las exportaciones parece haber sido una idea de poder hipnótico entre los peruanos. Con tal de contar con vías férreas, carreteras, puentes o aeropuertos nos mostrábamos dispuestos a no mirar mucho las cuentas. El Odebrecht de los tiempos del guano fue el ingeniero norteamericano Henry Meiggs, quien pronto descubrió qué suelo estaba pisando y qué bisagras debían aceitarse para que sus proyectos ferroviarios pudieran llegar a buen puerto y el dinero a sus bolsillos.

Un ejecutivo de la casa Grace, que controlaba importantes rubros de las exportaciones peruanas hacia 1900, explicó en una carta a sus administradores en Lima lo importante que había sido para la empresa mantener “las relaciones más amistosas y estrechas con cada uno y todos los gobiernos que iban llegando”. Naturalmente, ello tenía su costo y el problema radicaba en que frecuentemente ellos recibirían de las autoridades “demandas de acomodamiento financiero poco razonables”, de modo que su habilidad consistiría en cómo “evadir tales pedidos sin causar ofensa alguna”.

Quién sentó en estas tierras esa forma de hacer negocios, si las autoridades o los empresarios, es un problema como el del huevo y la gallina. El hecho es que frente a él, los empresarios debieron afrontar una dura prueba moral. En 1939, un recién llegado embajador de Estados Unidos, Laurence Steinhardt, quedó escandalizado por la forma como los empresarios estadounidenses conseguían hacer ventas de equipos de oficina al Gobierno Peruano: pagando un porcentaje de la venta a los asesores presidenciales por concepto de “reciprocidad”. Estos empresarios le refirieron que era lo mismo que habían venido haciendo las compañías londinenses y otras firmas europeas, con la ventaja de tener unos embajadores más “flexibles” (Quiroz, “Historia de la corrupción en el Perú”).

¿El presidente Alejandro Toledo pidió la coima por la Interoceánica o esta le fue ofrecida por los empresarios, siguiendo viejas tradiciones? Ya poco importa; más edificante es leer, en el texto de Quiroz, la reflexión del embajador Steinhardt en aquella ocasión, quien sostuvo que la “flexibilidad” que le era exigida, “parece ser de una naturaleza tal que no se la permitiría persona alguna que se respete a sí misma, estuviese esta persona vinculada a negocios privados o a la representación de un gobierno”. Sin duda, es la actitud a exigir a empresarios y autoridades y solo queda desear que lo sucedido el lunes se convierta en un punto de inflexión en nuestra historia.

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