Ensayo sobre la ceguera

En anteriores columnas he sostenido que el modelo peruano se sostiene en una economía de libre mercado con una institucionalidad débil. Este “antimodelo” ha convertido a la informalidad en un régimen de negociación. Por ello, he propuesto comprender la informalidad más allá de su dimensión laboral (precariedad) y tributaria (evasión), es decir, sobre todo, como mecanismo ‘bottom-up’ de redistribución de la riqueza.

Se ha establecido un pacto social tácito en el que los individuos, cada vez más hastiados de un Estado indolente en la prestación de servicios públicos de baja calidad y escasa cobertura, toman los recursos del país casi literalmente con sus propias manos (minería, pesca, tala) ante la vista gorda de las autoridades y el nulo enforcement del sistema. Pero esta alta tolerancia con la informalidad no solo ha permitido la expansión del poder de “informales con plata”, sino también la supervivencia de una parte del empresariado que es mercantilista y ágil para adaptarse y beneficiarse del “antimodelo”.

Instituciones enclenques permiten y alientan la fluidez entre los circuitos económicos formales e informales en provecho de ambos, y también una negociación permanente de las reglas de juego, al punto de poner a la propia estabilidad jurídica en peligro. Es por ello que, en tiempos de campaña electoral, cuando se espera debate relevante y de fondo, estos asuntos fundamentales de la estructura de la economía y el diseño institucional no están en la discusión pública ni privada. Ni en los festivales de “mea culpa” empresarial ni en los diálogos con minicandidatos presidenciales. Ni en los reportes de riesgo político de las consultoras ni en los ‘talking points’ que preparan analistas autodenominados líderes patriotas. La agenda se nutre de clichés (“la defensa de la Constitución de 1993”), de la fe tecnocrática convertida en refranes (“la intangibilidad del BCR”, “la responsabilidad con la caja fiscal”), de vueltas circulares sobre problemas sin recetas (como la inseguridad pública), de arengas que retumban en las hieleras para whiskis de trumpistas de Dasso. No creo que estemos ante una epidemia de ceguera en nuestras élites, sino ante una decisión voluntaria de mirar hacia otro lado. A continuación, ensayo las razones de esta “ceguera”.

La riqueza de las naciones se redistribuye a través de impuestos y servicios públicos, de recaudación y responsabilidad estatal. Es dinámica, pues depende de presiones colectivas que ejercen quienes ostentan capital y quienes poseen su fuerza de trabajo. Cabildeo para los de arriba y protesta social como el lobby de los pobres. En ecosistemas formales, estos mecanismos están pautados. Leyes de financiamiento de la política permiten conexiones directas e indirectas, rastreables y constructivas, entre el poder económico y la representación de sus intereses. Los gremios empresariales ven más allá de la polarización; sus dirigentes dirigen. Los trabajadores organizan sus pliegos y el Ministerio de Trabajo es un espacio de encuentro tripartito y no una mera mesa de partes. Dependiendo de las preferencias ideológicas del gobierno de turno y del contexto global, se inclina la balanza hacia el capital o al trabajador, pero de manera responsable.

En sociedades como la nuestra, los sectores informales no se concentran en los márgenes. Informalidad y pobreza ya no correlacionan como antaño. Por lo tanto, la receta tradicional de clientelismo y programas sociales deja de ser eficiente para la redistribución. Los “informales con plata” presionan por sus intereses a través de una combinación de “calle y carretera” y despacho congresal. Los legisladores tienden a ceder a las presiones de mantener y perennizar el ‘statu quo’ de transitoriedad de normas y amnistías de sanciones. Como resultado, no se institucionaliza sino se desregula; antes de fortalecer el Estado de derecho, se atenta contra la estabilidad jurídica. Todo ello en procesos opacos donde no sabemos qué sucede por debajo de la mesa.

Este régimen de negociación es aprovechado por la lumpenburguesía que ha sabido expandirse en medio del descontrol institucional y por la mercaburguesía que ha sacado provecho de la debilidad de gobiernos impopulares como el de Dina Boluarte. El realpolitik reducido a complicidad y cinismo. Lo preocupante es que se ha generado un ecosistema que tiende a la normalización de esta situación, es decir, que se acomoda a convivir con la informalidad y a “blanquear” flujos de recursos naturales y capitales desde abajo. Entonces se van generando coaliciones interclasistas alrededor de burguesías adversas al desarrollo formal, para perpetuar este camino de fortalecimiento informal con aspirantes presidenciales que solo saben hablar de “mano dura” contra la delincuencia y pasarle franela a Julio Velarde. Es decir, se quedan en el epifenómeno, en la punta del iceberg, en el humo del fuego.

Quienes defendemos la economía de mercado también tenemos que defender instituciones modernas, predecibles e impersonales. Eso significa concebir la política –especialmente en campaña electoral– como la actividad que, más que obedecer a intereses, se basa en programas; que, más que un ritual, sea una base para la rendición de cuentas; que, más que polarizar, contribuya a despolarizar. Eso pasa por que las élites intelectuales y reformistas cambien el foco del debate. Pero, por ahora, asoman los mismos de siempre: las viudas de una reforma política mal concebida, nostálgicos “republicanos” que miran al siglo XIX y no al XXI, tecnócratas complacidos con ser cajeros de banco. En realidad, no se requiere gran cosa, sino mirar más allá de la rutina. Recuerde que vivimos en el reino de los ciegos.