¿Gesto demorado?, por José Carlos Requena

Después de un largo silencio, el expresidente Francisco Sagasti ha reaparecido en la escena política (“La República”, 20/3/2022). Sus propuestas, que procuran superar “el entrampamiento político”, han originado una serie de reacciones en todo el espectro político.

Debe anotarse que es positivo que quien haya ejercido la presidencia plantee una opinión (algo que seguramente cambie cuando el actual mandatario concluya su mandato), sobre todo cuando –como parece ser el caso– procura alguna solución al actual ejercicio del poder, una situación claramente costosa para el país.

El correcto diagnóstico de Sagasti describe así el presente: “la inestabilidad política, la incertidumbre económica, la corrupción y el caos administrativo tendrán consecuencias negativas para toda la población, particularmente para los más vulnerables. Además de poner en peligro el acceso a la salud, la educación y otros servicios públicos, prolongar la crisis actual frenaría las inversiones públicas y privadas, sabotearía la generación de empleo y maneras de ganarse la vida, y nos haría perder –una vez más– las extraordinarias oportunidades que tiene nuestro país”.

Más adelante, Sagasti se refiere al presidente Pedro Castillo con severidad y un rastro de decepción: “no cabe ya duda de que el presidente de la República ha demostrado que no sabe distinguir entre el interés privado y el público, entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal en el ejercicio del poder político”.

Este texto bien podría ser reivindicado por cualquier persona que se ubique políticamente en la oposición, partidarizada o no, con actual ejercicio de poder formal (congresistas o autoridades subnacionales) o con influencia desde algún espacio de la opinión pública o la sociedad civil. De hecho, quizá en adelante deba ubicarse a Sagasti en la oposición, acaso moderada.

¿Por qué, entonces, ha causado tanta grita la aparición de Sagasti? Son los escenarios que plantea el exmandatario las causas de la irritación. Tras referirse a la posibilidad (muy improbable) de que Castillo enmiende el rumbo o de que su mandato venza a corto o mediano plazo (vacancia o renuncia), Sagasti plantea una tercera salida, que es audaz, aunque no del todo novedosa: el adelanto de elecciones.

“Que la ciudadanía se organice para presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que acorte los períodos presidencial y congresal […]. El derecho de iniciativa para la reforma de la Constitución requiere de la adhesión de […] unos 75.900 ciudadanos, cuyas firmas deben acompañar al texto de iniciativas de reforma”, dice su texto.

Pero la propuesta tiene flancos originados en una lectura voluntarista del pasado reciente, desesperada del momento actual y ambiciosa en lo que puede esperarse de la apática ciudadanía. Con precisión, Omar Awapara ha dicho que “huele a atajo y frustración” (“El Comercio”, 23/3/2022).

Choca, además, con algunos datos del presente político que pueden resultar poco alentadores para el proponente: el Partido Morado, en el que aún milita Sagasti, apenas logró mantener su registro y su representación parlamentaria –que integró la trunca lista oficialista a la Mesa Directiva del Parlamento–, no llega a ser bancada y sus articulados integrantes figuran entre los no agrupados.

Por si fuera poco, las votaciones de dos de sus integrantes (Susel Paredes y Flor Pablo) parecen no coincidir con Sagasti en la limitación presidencial en cuanto a distinguir “entre el bien y el mal” si sirven como sustento sus votos contrarios a la admisión de la moción de vacancia del 14 de marzo pasado.

La propuesta de Sagasti, finalmente, recuerda aquel dicho “tirar la piedra y esconder la mano”, aunque sin una connotación negativa. Más bien, genera pasmo: Sagasti no se ha animado a liderar la recolección de firmas que cree necesarias. ¿O será un gesto que venga con demora?