Urgen soluciones

Cada día que pasa sin que el gobierno de Dina Boluarte encuentre una salida viable a la actual crisis incrementa el daño económico, social y político que, seguramente, nos costará mucho tiempo tratar de reparar.

En lo económico, las masivas cancelaciones de reservas por parte de cientos de turistas extranjeros no solo están golpeando los ingresos de aquellos que dependen de este sector, sino que podrían crear un escenario en el que, simplemente, nos tendremos que acostumbrar a recibir un menor flujo de visitantes. Nadie quiere viajar a un país donde en cualquier momento puede pasar lo que estamos viviendo hoy.

Lo mismo sucede con las inversiones. Pese al inicial entusiasmo que causó la selección de ministros de Dina Boluarte, la continuidad de las protestas, los ataques a instalaciones mineras, la cercanía de nuevas elecciones y la posibilidad de que no se pueda evitar la convocatoria a una asamblea constituyente son una fuente de incertidumbre que va dificultar aún más para los inversionistas apostar por el país.

Pese a todo lo que está en juego, el gobierno de Dina Boluarte parece no tener una estrategia clara para acabar con los altísimos niveles de violencia que esta semana han vuelto a abrir heridas sangrantes en el país, que no tenemos idea si lograremos cicatrizar.

Si la estrategia es el uso legítimo de la fuerza para aplacar las manifestaciones, la dolorosa cifra de 18 muertos esta semana en Puno y la radicalización de las protestas en los días siguientes demuestran que el viejo adagio de que la “violencia solo crea más violencia” debería estar enmarcado en los despachos de los ministros del Interior y de Defensa.

Si la estrategia es aguantar hasta que las aguas se calmen y confiar en que cuando el Congreso apruebe el adelanto de elecciones a abril del 2024 los manifestantes van a regresar a sus casas, la reanudación de las protestas este año ya debería habernos enseñado que el proyecto de reforma tal y como lo ha aprobado el Congreso no va a bastar.

Una de las principales demandas es la renuncia de Dina Boluarte. Y la presidenta, en lugar de hacer política y tratar de asentarse en el cargo, desaparece. En tanto, el premier Alberto Otárola no asume ninguna responsabilidad política por las muertes ni parece demostrar que el Gobierno está aprendiendo de los errores que ha cometido hasta ahora.

Más allá de la represión policial, que hasta el momento ha causado más de 40 muertos, según la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo parece no tener muchas más ideas. Se ha presentado un pedido de facultades delegadas que prioriza medidas como modificar los regímenes tributarios para las pymes o destrabar proyectos de inversión. A esto se suma un decreto de urgencia que autoriza un gasto adicional por más de S/1.200 millones, principalmente en subvenciones extraordinarias para los beneficiarios de los programas sociales y el financiamiento de conexiones de gas natural.

Estos cambios pueden estar en el camino correcto, pero difícilmente generarán un impacto en el corto plazo de la dimensión que se requiere para mover la aguja. El Ejecutivo tiene que demostrar que está leyendo la situación que vive el país y encontrar la forma de sobrevivir o reconocer que no está a la altura de las circunstancias.