Infalibilidad en el error

El insensible manejo por parte del Ejecutivo de la justificada protesta de los transportistas en la capital ha evidenciado –una vez más– algo que podría poner en riesgo la perdurabilidad misma del régimen: su infalibilidad en el error. Si bien esta administración no ha mostrado eficiencia cuando ha debido gestionar este tipo de crisis, lo visto en días recientes ha superado sus propios antecedentes.

La voz presidencial y su consejo de no responder llamadas de números desconocidos es la muestra más precisa de aquello. El llamado podría resultar ingenuo si viniera de alguien que acaba de tomar el cargo, pero resulta indignante para quien se apresta a cumplir tres años en el cargo.

¿Tiene esto alguna implicancia política práctica? Los cuatro frentes que formulara el politólogo argentino Aníbal Pérez-Liñán para explicar la caída de un régimen democrático en América Latina: protesta social, cohesión en el Ejecutivo, soporte parlamentario y revelación de un escándalo de corrupción pueden servir, nuevamente, para proyectar posibles desenlaces.

De los cuatro frentes reseñados, pareciera que el régimen liderado por la presidenta tuviera tres perfectamente controlados. El Ejecutivo está perfectamente cohesionado, sin alguna disidencia que pueda amenazarlo. Cuenta, además, con un pacto con suficientes bancadas en el Parlamento para conseguir que ninguno de los siete intentos de vacancia gestados desde que Boluarte ocupara el cargo haya prosperado. El intento más reciente, por demás infructuoso, se produjo en mayo del 2024.

Finalmente, si bien el gobierno ha enfrentado serios escándalos de corrupción que incluso han llegado hasta a la propia presidenta, la acción judicial que los empuja (líos internos de por medio) es incapaz de avanzar sin soporte político, que el Congreso –como ya se vio– no brindará fácilmente. Con ello, los escándalos quedan limitados a la cobertura periodística.

El único frente con el que Boluarte y su entorno no pueden sentirse del todo tranquilos es el de la protesta social. En efecto, la protesta focalizada en la capital ha precipitado un octavo retiro de los fondos de las AFP, mientras el gobierno ejercía una represión desproporcionada.

La protesta de los transportistas puede resultar riesgosa para el gobierno porque, por un lado, parece contar con la simpatía ciudadana y, por el otro, desnuda las limitaciones y el cariz de una administración que resulta anodina e insensible, pero, sobre todo, indignante. Y no se trata solo del clamor de la calle, sino de la unánime y frenética crítica al gobierno en redes sociales.

El gobierno no puede olvidar que la inmunidad del contexto electoral no es infalible. De persistir en este camino, la situación podría complicársele, al punto de replicar lo sucedido en noviembre del 2020, cuando, por primera vez en muchas décadas, la calle derribó a un gobierno.