La campaña empezó con el IGV

Durante casi 30 años, dos heridas abiertas marcaron el límite de lo políticamente admisible en el Perú: la violencia y el descalabro económico. Hoy, ambas parecen haber dejado de doler. La memoria corta –ese mal endémico de nuestra vida republicana– nos ha llevado a normalizar lo intolerable.

Así como la violencia en la zona minera de Pataz remite a los episodios más oscuros de nuestra historia reciente, la aprobación de una norma que modifica la distribución del IGV –aumentando en dos puntos porcentuales los recursos destinados a las municipalidades– amenaza con dinamitar la estabilidad fiscal que el país ha construido con esfuerzo desde la década de 1990. Una estabilidad que fue la respuesta a una crisis económica brutal, con hiperinflación de cuatro dígitos, colas interminables para conseguir alimentos y salarios que se esfumaban de la noche a la mañana. No se trata solo de cifras: quienes vivimos esa época sabemos que la economía puede convertirse en un infierno cotidiano. Y nadie desearía regresar allí.

La medida no resiste el más mínimo análisis técnico. Salvo contadas excepciones, las municipalidades registran bajos niveles de ejecución, limitada capacidad de gestión y una alta incidencia de corrupción: concentran el 62% de los casos en trámite ante la contraloría. Además, su implementación resulta casi inviable, ya que solo uno de cada cuatro distritos cumple con los requisitos necesarios para acceder a estos fondos.

El impacto fiscal, además, es considerable. El Gobierno Central perdería cerca de 10.000 millones de soles. Para sostener el gasto, solo quedarán dos caminos: más impuestos o mayor endeudamiento. Este último –el escenario más probable– minaría la confianza y pondría en riesgo el grado de inversión, fundamental para atraer capitales en un país que aún depende de ellos.

Es también alarmante la forma en que se aprobó esta norma: 98 votos a favor, cero abstenciones y ninguna oposición. No es la primera vez que este Congreso actúa de espaldas a la razón y a los procedimientos. Esta vez, además, lo hizo sin debate técnico, sin recoger opiniones de organismos claves, sin discusión abierta ni transparencia.

Preocupa, asimismo, el silencio generalizado frente a una decisión de enorme impacto para el país. Solo algunos exministros de Economía y unas cuantas instituciones han alzado la voz con firmeza para advertir los riesgos. Mientras tanto, la pregunta es inevitable: ¿por qué el Parlamento aprobó esta norma y por qué el Ejecutivo la respaldó?

La respuesta es sencilla: la campaña electoral ya empezó. Más de 1.800 municipalidades celebran una ley que les llena la caja, y para muchos congresistas –72 de ellos elegidos con menos de 12.000 votos preferenciales– unos pocos miles de votos pueden marcar la diferencia entre volver o desaparecer. En ese contexto, tejer redes clientelares con alcaldes se vuelve una estrategia crucial.

La ley del IGV es la primera señal en el camino hacia la reelección congresal. Y no será la única. Se avecinan propuestas igual de riesgosas y populistas: nuevos retiros de las AFP, incremento de pensiones para los maestros, la ampliación del Reinfo, proyectos de infraestructura sin financiamiento y beneficios sin sustento técnico.

El respaldo del ministro de Economía no solo es desafortunado: es inaceptable. Gobernar implica trazar límites. La estabilidad no puede convertirse en moneda de cambio para ganar popularidad, asegurar votos o blindar investiduras. Hay principios que no se negocian.

Esta norma no es un error aislado. Es una señal de alerta. Una advertencia clara de que el Congreso ya no legisla: hace campaña. Y que el Ejecutivo, en lugar de contener el populismo, ha decidido subirse al tren, cuando debería observar la ley y, de paso, cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional que habilita la iniciativa de gasto del Parlamento.

A todos los peruanos nos corresponde recordar que hay dos cosas que no se pueden tolerar: la violencia y el caos económico. Por eso, debemos estar siempre alertas ante estas aventuras que debilitan las bases de nuestra democracia. Porque lo que hoy se presenta como reparto mañana puede convertirse en ruina.