La fortuna de Ortega se podría acabar, por Andrés Oppenheimer

Daniel Ortega, dictador nicaragüense, ha tenido suerte en las últimas semanas: la retirada de Estados Unidos de Afganistán, el terremoto en Haití y las protestas callejeras en Cuba han desviado la atención internacional de sus masivos abusos contra los derechos humanos.

Además de eso, el régimen de Ortega anunció el 23 de agosto que ha recibido un paquete de asistencia financiera de 353,5 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese y otros préstamos de organizaciones regionales le han permitido a Nicaragua aumentar sus reservas a más de 3.6 mil millones de dólares, un récord histórico para el país, dijo el Gobierno.

Pero es hora de que el mundo le vuelva a prestar atención a Nicaragua, porque lo que está pasando allí es terrible.

En relación a su población, Nicaragua es probablemente el peor violador de derechos humanos del continente.

Según Human Rights Watch, más de 300 nicaragüenses fueron asesinados y 2.000 resultaron heridos por la policía y grupos paramilitares en las protestas antigubernamentales del 2018. Esa es una cifra enorme para un país pequeño de solo 6 millones de habitantes.

Además, Ortega ha encarcelado a todos sus contendientes para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua.

En los últimos meses, el sistema de justicia, controlado por Ortega, le ha quitado personería jurídica a todos los partidos de oposición y encarceló a los siete principales precandidatos opositores.

“Toda la oposición ha sido decapitada. Ya no queda nadie para desafiar al régimen”, me dijo el conocido periodista opositor Carlos Fernando Chamorro desde su exilio en Costa Rica. “Nunca habíamos visto algo así, ni siquiera en el apogeo de la Revolución Sandinista en los años ochenta”.

La hermana de Chamorro, Cristiana Chamorro, quien encabezaba las encuestas para las elecciones de noviembre, está bajo arresto domiciliario. Su hermano, Pedro Chamorro, fue enviado a la cárcel poco antes de que anunciara su candidatura como candidato sustituto.

Ortega se postulará para las elecciones de noviembre sin ningún rival verdadero. Hay un puñado de candidatos elegidos por el régimen que se harán pasar por candidatos opositores, pero ninguno de ellos es un verdadero crítico del Gobierno.

El presidente estadounidense Joe Biden ha aumentado las sanciones financieras y de viajes contra altos funcionarios del régimen de Ortega, pero Estados Unidos y otras democracias deberían hacer mucho más.

Primero, la Organización de Estados Americanos debería suspender a Nicaragua bajo la Carta Democrática Interamericana, me dicen fuentes opositoras. Eso tendría un gran impacto en Nicaragua, porque es un país pequeño que depende en gran medida de la ayuda internacional.

En segundo lugar, el FMI debería suspender su entrega de dinero a la dictadura de Ortega. El más reciente desembolso del FMI, bajo el paquete especial de derechos de giro para ayudar a los países a combatir la recesión causada por la pandemia, va directamente al Banco Central de Nicaragua, que puede usar el dinero a su antojo.

El FMI puede negar tales desembolsos a países que son graves violadores de derechos humanos cuando la mayoría de sus miembros deciden no reconocer al Gobierno de un país, me dijeron fuentes cercanas a la institución financiera. Por ejemplo, el FMI le negó el 18 de agosto esos fondos a Afganistán después del triunfo Talibán en ese país, y lo había hecho anteriormente con la dictadura de Venezuela. ¿Por qué no lo hace con Nicaragua?

En tercer lugar, Estados Unidos y otros países podrían incluir a los funcionarios nicaragüenses sancionados en la base de datos de presuntos terroristas a los que no se les permite abordar vuelos que toquen o vuelen sobre sus territorios.

Cualquiera de estas sanciones ayudaría a presionar a Ortega a restaurar las libertades democráticas, me dicen fuentes de la oposición. Tienen razón: solo mediante una mayor presión internacional se va a poder romper la racha de suerte del dictador nicaragüense.

–Glosado y editado–

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