La privatización del Estado

La privatización del Estado es un término que se utiliza para describir la captura de instituciones públicas por intereses ilegítimos. Grupos de poder que se reparten ministerios y puestos claves; en favores políticos para obtener contratos y ganar licitaciones; en leyes que favorecen determinados intereses mercantilistas; o incluso en el reconocimiento de un sindicato. En nuestro país, el Estado responde a intereses ilegítimos y lo viene haciendo probablemente desde el inicio de la República. Este tipo de prácticas erosiona la legitimidad del Estado y convierte lo público en un botín político, con el impacto que esto genera en poblaciones desatendidas.

Pedro Castillo fundó su propio Sindicato: el Fenatep en el 2017, al finalizar la huelga magisterial que lo hizo conocido y terminó llevándolo a Palacio. Una de sus primeras acciones como presidente fue el reconocimiento formal del Fenatep en el 2021. Pero su inscripción se dejó sin efecto en el 2023 por sus vinculaciones privadas con el Movadef, y que fuera disuelta por orden Judicial en el 2024. Desde su cancelación, el Fenatep no ha cejado esfuerzos en lograr ser reconocidos oficialmente como un sindicato del sector educación.

El sector educación es uno plagado de intereses ilegítimos. Sindicatos que son en realidad plataformas políticas y que han capturado la educación del país imponiendo en el aula una narrativa de lucha de clases y una visión antiempresa que divide y polariza. En lugar de preparar a los niños para el futuro, la mala calidad de la educación básica regular tiene un impacto negativo en el desarrollo de nuestro país. Con una infraestructura educativa precaria y con políticas que no están enfocadas en los estudiantes, no sorprenden los malos resultados que tenemos.

En nuestro país, tres de cada cuatro niños van a un colegio público. Entre el 2019 y el 2026 el presupuesto del sector educación aumentó en 40%. Pero el aumento se fue a la planilla del sector. No hubo una mejora en la infraestructura: el 70,6% de los colegios públicos no tiene servicios básicos y, lo que es peor: el 52% de los colegios requiere una demolición total por el riesgo del colapso de su infraestructura. Más de 60.000 colegios públicos y seis de cada 10 familias no tienen acceso a oportunidades digitales. Y pese a las mejoras salariales de los maestros solo 14 de cada 100 estudiantes de un colegio público en segundo de secundaria entienden lo que leen. Y existen enormes diferencias por región. En Loreto, por ejemplo, solo cinco de cada 100 estudiantes entienden lo que leen y solo el 2% tiene resultados satisfactorios en matemáticas.

¿Qué futuro pueden tener estos jóvenes? Necesitamos que los logros de aprendizaje sean una política pública y que el sector responda. No podemos seguir teniendo el sector educación capturado por los intereses ilegítimos de los sindicatos, y por maestros que, más que estar enfocados en el aula trasladando conocimiento, están buscando nombramientos sin evaluación y aumentos salariales sin entregar resultados de aprendizaje en los niños.

En los últimos días, el gobierno de Balcázar ha venido haciendo varios cambios en viceministerios y oficinas gubernamentales. Y, solo días después de haber sido nombrado el ministro de Trabajo, ha recibido a dirigentes del Fenatep. El Perú no puede seguir siendo un botín.