La pura verdad

La elección de la nueva Mesa Directiva nos recuerda la necesidad de que los parlamentarios prioricen los intereses del país por encima de sus agendas personales. El Congreso se ha convertido en un cúmulo de partidos minoritarios, cuyos integrantes en muchos casos representan actividades delictivas y otros sectores de actividades ilegales, lo que erosiona seriamente la confianza del electorado en sus congresistas.

Una clara derivación de esto es la consecuente debilidad de los partidos políticos. Esta fragilidad se manifiesta en la multiplicación de bancadas que están compuestas no solamente por congresistas provenientes de veredas ideológicas completamente distintas –lo que es, finalmente, su único rasgo aparentemente democrático–, sino que en muchos casos representan intereses de minorías que, delincuenciales o no, carecen de la representatividad necesaria para integrar la representación nacional y que se benefician de una normatividad electoral que promueve esta proliferación grupuscular. Esta última es contraria a lo que proclaman, antidemocrática por la fragmentación que representa y supone una imposibilidad consecuente para que el Congreso pueda trabajar en beneficio de las grandes mayorías nacionales.

Lo que vemos hoy en el Congreso son matrimonios de conveniencia, cuando lo que necesitamos para nuestra democracia son organizaciones políticas sólidas, plurales pero con amplia representatividad, con convicciones firmes y doctrinas partidarias consistentes.

¿Cómo lograrlo? La primera modificación necesaria es la eliminación del voto preferencial, que surge como un espejismo democrático para facilitar la elección del candidato “favorito”, pero que en la práctica se ha convertido en un mecanismo para financiar la llegada al Congreso de representantes mafiosos, con el beneplácito de los “partidos políticos” a los que pertenecen, que son en realidad vientres de alquiler de los que se valen las mafias y minorías poco representativas para llegar al Congreso.

La segunda modificación tiene que ser levantar la valla de la inscripción, para que los grupos políticos demuestren que, en efecto, cuentan con una representatividad y una organización que abone a un manejo racional y eficiente para los intereses del país de las fuerzas políticas nacionales, poniendo fin al espectáculo del que diariamente somos testigos; por ejemplo, de cómo muchos representantes intercambian favores por votos y se preocupan únicamente por sus intereses particulares en detrimento del bienestar del país y de sus grandes mayorías.

Si queremos preservar la democracia, esta advertencia no debe ser tomada a la ligera: o se fortalece la representatividad y transparencia de los partidos, o seguiremos con un Congreso fragmentado y desconectado de las verdaderas necesidades de la nación.