No hay que tener miedo a una palabra cuando está bien utilizada. Si un grupo de delincuentes asesina a 16 personas y dinamita 14 torres de transmisión eléctrica en un período, con el objetivo de crear alarma o temor en la población, entonces no solo son delincuentes, sino que además merecen llevar el apellido de terroristas.
La palabra ‘terrorismo’ tiene una connotación y regulación especial en nuestro país, pues nos lleva a uno de nuestros peores momentos. Miles de peruanos fueron víctimas de Sendero Luminoso (SL) y el MRTA. A nadie se le ocurre discutir la condición de terroristas de estos grupos que sembraron el caos y terror por muchos años, y que incluso operan hasta hoy con fachadas como el Movadef o nuevos rostros como el Militarizado Partido Comunista del Perú (un ‘service’ de los narcos).
La minería ilegal ha logrado tal poder que incluso cuenta con el servicio de terroristas que opera a su favor. Es una situación parecida a la que ocurre en el Vraem, en donde los narcotraficantes, otra de las grandes economías ilegales, han contratado a los remanentes de SL como ‘chalecos’ de sus operaciones.
En el caso de la minería ilegal, no estamos frente a remanentes de grupos bien conocidos por los peruanos, sino a un fenómeno relativamente reciente en donde, si bien no hay un “pensamiento Gonzalo” atrás, sí tenemos actos concretos que generan terror en la población. Es una nueva forma de terrorismo que debemos entender, con el único y urgente objetivo de destruir.
Algunos han abusado del término ‘terrorista’ durante los últimos años. Se ha terruqueado a personas que son de izquierda extrema –y no tan extrema– o que defienden activamente los derechos humanos, sin ninguna prueba de que tengan tal condición o que sean cómplices de estos. En mi opinión, este abuso en el uso del término hace que hoy a algunos les sea más difícil llamar a las cosas por su nombre.
Los peruanos hemos podido vencer al terrorismo. Con todas las críticas que se le puedan hacer al expresidente Alberto Fujimori, su gobierno, el de facto y el elegido, junto con nuestras Fuerzas Armadas, policía, ronderos y ciudadanía, logró implementar políticas que acabaron con el terror.
Necesitamos lo mismo ahora. No es una exageración. Hoy tenemos a terroristas al servicio de los mineros; mañana pueden ofrecerse a otros postores en el mercado y llevarnos a un desgobierno aún peor que el que enfrentamos en nuestro día a día. ¿De qué sirve el verbo sobre las inversiones mineras si no podemos hacer que las minas operen ni con estado de emergencia?
Es imperdonable que el Congreso y el Ejecutivo –que se quedó callado– hayan derogado la norma que precisamente impedía el uso de dinamita a los mineros ilegales. Esa actitud cómplice debería ser corregida a la brevedad, pues bien sabemos que los cómplices son también culpables.
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