Mucha crítica, poca propuesta

Mientras las comisiones de la Cámara de Diputados se resisten a dar luz verde a las reformas económicas incluidas en el pedido de facultades delegadas del Ejecutivo, los proyectos de ley presentados hasta ahora por las bancadas de oposición no muestran que el Legislativo tenga una agenda muy ambiciosa en esta materia.

Las proposiciones legislativas parecen concentrarse en temas muy puntuales o rescatan propuestas ya descartadas en quinquenios anteriores, pero no apuntan a realmente mover la aguja en frentes como el fortalecimiento de las pymes, el incremento de la productividad, la facilitación de las inversiones o la promoción del empleo de calidad.

En el grupo de proyectos reciclados tenemos la propuesta de Ahora Nación que resucita uno aprobado en el 2024 por el Parlamento, pero que no llegó a ser promulgado. Esta iniciativa plantea eliminar las comisiones para las transferencias interbancarias y el pago de tarjetas de crédito de otras entidades, exceptuando a las cajas y cooperativas.

En esa ocasión, la Asociación de Bancos y el Banco Central de Reserva del Perú advirtieron que impedir que las entidades cubran a través de estas comisiones los gastos reales que generan estas transferencias afectaría la calidad y disponibilidad de estos servicios o forzaría el incremento de otros cargos. Sin embargo, este Congreso parece comprometido, como su antecesor, a enfocarse en leyes que suenan bien y no a analizar cuáles serán sus verdaderos efectos.

Por su parte, Juntos por el Perú (JP) planteó promover el acceso de los jóvenes al empleo formal, pero no mejorando su empleabilidad, sino forzando a las entidades públicas a que el 15% de las plazas que convoquen no requieran experiencia y estén reservadas para egresados de las universidades e institutos.

JP también propuso que los trabajadores puedan deducir el 10% de sus gastos en servicios educativos como parte de las 3 UIT que actualmente permite deducir la legislación, una propuesta que ya había hecho, paradójicamente, Fuerza Popular en el 2017 y que fue archivada en el 2021. Sin embargo, recordemos que estos beneficios se diseñaron con la idea de sacrificar recaudación pero, al mismo tiempo, incentivar a los trabajadores a exigir comprobantes de pago a contribuyentes con alta evasión tributaria, como los restaurantes, hoteles, alquileres y servicios profesionales, grupo en el que habría que debatir si figuran los colegios y universidades.

Por supuesto, el Parlamento está en todo su derecho de negar o limitar las facultades que ha solicitado el Ejecutivo, pero las bancadas deberían estar esforzándose por plantear una verdadera agenda de reformas si es que no confían en que el gobierno de Keiko Fujimori las diseñe de manera idónea.