Nuestros municipios republicanos, por Héctor López Martínez

El próximo 7 de octubre la ciudadanía elegirá alcaldes y gobernadores regionales en todo el Perú. Desde los días aurorales de la Conquista, cuando surgen en el Nuevo Mundo ciudades y pueblos a imagen y semejanza de los hispanos, se establecen los cabildos o ayuntamientos que, por otro nombre, también se llamaron municipios y tendrían muy significativa importancia a lo largo del Virreinato. No se puede olvidar, como ejemplo, que el general José de San Martín proclamó la independencia del Perú luego de obtener la entusiasta aquiescencia del cabildo limeño. Posteriormente el Reglamento Provisorio de 1821 y las futuras constituciones que adoptó la República en 1823, 1828 y 1834, con algunas variantes, reconocieron la existencia legal de las municipalidades.

Otro fue, sin embargo, el parecer de los hombres que promulgaron en Huancayo la Carta de 1839, impregnada de autoritarismo, cuyo gran objetivo era preservar al Perú de la anarquía que tanto daño le había hecho hasta entonces. La mencionada Constitución suprimió las municipalidades dejando solamente los síndicos procuradores y encargando a un intendente de policía todas las funciones de los ayuntamientos. Los intendentes de policía duraron hasta 1853. Dos años antes, en 1851, en la Cámara de Diputados, se debatió un proyecto para restablecer las municipalidades. Fue entonces que El Comercio inició una tenaz campaña respaldando esa imperiosa necesidad. “El municipio es una institución que es la base del sistema representativo –decía Manuel Amunátegui–, pues el que nunca se ha ocupado de los negocios de su pueblo jamás podrá decidir con acierto sobre los grandes intereses de la nación”.

La lucha en favor de las municipalidades sería larga y llena de contratiempos. En uno de sus editoriales decía El Comercio: “Hay una razón que pesa bastante en nuestro juicio y es la que ha movido, quizá, al Gobierno [del general Rufino Echenique] a solicitar la organización de los cuerpos municipales. Con ellos el Gobierno Supremo se descargará del enorme peso que es imposible soportar por más tiempo de entender en pequeñeces que distraen su atención. Si hay que establecer una escuela, un camino vecinal, se forman expedientes que, por lo general, vienen de las provincias al Gobierno. Aquí reciben nueva sustanciación y llevan, por último, una resolución suprema cuya inteligencia muchas veces suele ser motivo de otra consulta y de nuevos trámites”.

Mediante ley promulgada el 9 de diciembre de 1853 se dispuso restablecer y organizar las municipalidades, pero envuelto el país en la guerra civil entre los generales Echenique y Castilla, no se le pudo dar cumplimiento. Hubo, pues, que esperar la fugaz Constitución de 1856 la cual creó expresamente las municipalidades, dictándose la correspondiente ley orgánica el 29 de noviembre de ese año. Desde entonces existieron ininterrumpidamente los cabildos aunque en muchas oportunidades, a causa de trastornos políticos, el país soportó el irregular sistema de las “juntas de notables” designadas por el gobierno de turno.

Nicolás de Piérola, en 1896, puso en vigencia la Ley de Municipalidades del 14 de octubre de 1892 que, con modificaciones, rigió durante la llamada “República Aristocrática”. Como recuerda Luis Bedoya Reyes en sus interesantes Memorias, recientemente publicadas, el último alcalde de Lima elegido bajo esa norma fue Luis Miró Quesada de la Guerra, entre 1916 y 1918. A partir de 1922 los alcaldes y concejales fueron designados por el gobierno.

En su programa presidencial, ya desde 1956, el arquitecto Fernando Belaunde Terry, demócrata ejemplar, ofreció restituir a los peruanos el derecho de elegir sus autoridades municipales. Al ganar las elecciones de 1963 sus palabras iniciales en el Congreso, al recibir la banda presidencial, fueron: “Los últimos serán los primeros, dicen las Sagradas Escrituras. Permitidme que, inspirándome en ellas, dedique la majestad de este momento a la altiva y humilde majestad de los pueblos olvidados…”. Abolidos los comicios municipales durante la dictadura de Velasco, Belaunde los restauró el 28 de julio de 1980 al asumir por segunda vez la jefatura del Estado.