Nicanor, el “difamado”

Con una firmeza digna de mejor causa, una ofuscada Dina Boluarte defendió esta semana a su hermano Nicanor ante la denuncia periodística de “Cuarto poder” que lo involucra en el presunto uso de prefectos y subprefectos en la región San Martín para lograr la inscripción de su proyecto de partido político. “Dejen de difamar a mi hermano, que él no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de ningún partido, utilizando a los prefectos o subprefectos o algún modo económico del Estado”, encaró la mandataria a la prensa, con una energía que ya quisiéramos ver cada vez que los congresistas aprueban alguna tropelía legislativa o se asignan un nuevo bono millonario.

No pasaron ni 24 horas de esta cerrada manifestación de defensa fraternal, cuando la Procuraduría Anticorrupción-Sede San Martín denunció al primer hermano de la nación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Cabe recordar que hace dos meses, el Ministerio Público había abierto investigación preliminar a Nicanor Boluarte por presunta colusión agravada y tráfico de influencias por un caso de supuesto favorecimiento en obras públicas a un alcalde distrital de Cajamarca. Siguiendo el razonamiento de la presidenta, las acciones que procuraduría y fiscalía están emprendiendo serían inútiles pues las denuncias que se han dado a conocer responden a “la difamación que están programáticamente hablando sobre mi hermano”.

Quien funge de iracunda defensora mediática de un implicado en un caso de corrupción no es cualquier ciudadana indignada, es la persona que ostenta la más alta investidura del país. Antes que hermana de Nicanor, ella es la presidenta del Perú. Las procuradurías, entre ellas la que denunció al pariente de la mandataria, son organismos independientes pero que están adscritos al Ministerio de Justicia, es decir, al Poder Ejecutivo. Una declaración de Boluarte desvirtuando o minimizando las denuncias bien podría ser interpretada como una advertencia a la entidad. Mención aparte merece la inacción del Congreso, que en otras épocas ya estaría creando comisiones investigadoras.

Los ataques de Boluarte a los medios que investigan a su hermano o que fiscalizan a su gobierno son reincidentes. En noviembre calificó de “infamia” otro reportaje sobre Nicanor y hace unas semanas reclamó a una reportera de Latina por no preguntarle “cosas positivas”. El antecedente más cercano a lo que Boluarte considera periodismo “positivo” existió en el gobierno de Pedro Castillo y fue conocido como “prensa alternativa”. Si tanto trata de desmarcarse de su predecesor –pese a que fue parte activa de su gobierno durante 16 meses– la mandataria debería intentar tener una actitud distinta a la que este tenía con la prensa. Si insiste en emularlo, las comparaciones, que tanto parecen disgustarla, serán inevitables.