Un Ecuador sobrepasado

Es difícil encontrar una demostración de fuerza de organizaciones criminales como la que dieron “Los Choneros” y similares en Ecuador hace unos días. Una demostración pública de impacto nacional sobre cuya intención de fondo es difícil tener certezas, salvo que quienes la ejecutaron querían darle al gobierno –y a otras organizaciones criminales– un mensaje sobre su poder, junto con evidenciar la confianza de que saldrán impunes de su iniciativa. Parecen considerar que la debilidad del Estado ecuatoriano es extrema, lo que les hace confiar en que, finalmente, no les ocurrirá nada.

Ecuador vive una prolongada crisis política de la que está intentando salir. En los últimos diez años la crisis se manifestó en una dura polarización entre correísmo y anticorreísmo, según la postura política frente al expresidente Rafael Correa. Los esfuerzos por iniciar la resolución de esta disputa se dieron con el llamado a elecciones adelantadas que convocó el expresidente Guillermo Lasso para superar un juicio político previsto por el Congreso.

La elección la ganó el joven empresario Daniel Noboa, elegido a fines del 2023, quien debe cumplir el período inconcluso de Lasso hasta el 2025 e intentará, seguramente, ser reelegido. Como parte de la voluntad de estabilizar la situación, el presidente Noboa ha llegado a un acuerdo político en el Congreso (Asamblea Nacional) con el Partido Social Cristiano y con el Partido de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Estos partidos tienen el control de las principales comisiones legislativas y una presencia determinante en la mesa directiva.

No es posible explicar lo que sucede en Ecuador sin tomar en cuenta la penetración de sectores del Estado por las organizaciones criminales. Para mencionar una evidencia, el 14 de diciembre, en el operativo Metástasis encabezado por la fiscal general de la nación, Diana Salazar, detuvieron a más de 30 personas, entre las que figuran Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura –equivalente a la Junta Nacional de Justicia en el Perú–, y Pablo Ramírez, exdirector de la Policía Antinarcóticos y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), organismo encargado de las cárceles ecuatorianas; esto, además de otros ocho jueces, tres fiscales, tres funcionarios del SNAI, ocho policías y seis abogados.

Como en otros países de la región, en Ecuador las cárceles se han convertido en centros de agrupamiento y captación de las organizaciones criminales, pero, sobre todo, en espacios para coordinar acciones y reestablecer liderazgos. Según Jorge Núñez, antropólogo y exprofesor de la Escuela Mayor de Policía de Ecuador, el grupo “Los Choneros” “se hace fuerte dentro de las cárceles gracias a que la inteligencia policial empezó a fomentar la gobernanza criminal dentro de cárceles. […] Básicamente lo que tienes es una relación clandestina y un sistema de intercambio de privilegios por información antinarcóticos” (BBC Mundo).

En el 2023 Ecuador vivió un tiempo muy violento. Hubo 7.878 crímenes y alcanzó una tasa de homicidios de 46 muertes por cada 100.000 habitantes. Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, pasó a ocupar el sitial del país más violento de América Latina. Este país dejó de ser un escenario de paso del narcotráfico para convertirse en un centro de toma de decisiones. Queda claro que, en circunstancias de crecimiento de las economías ilegales, la inestabilidad política hace perder de vista el lugar prioritario que debe ocupar la lucha contra este tipo de organizaciones.