El Plan Boluarte

Estoy entre los que piensan que aumentar la pena hasta los 30 años de cárcel para los que roben celulares en moto y utilizando un arma de fuego, así como continuar declarando estados de emergencia sin el menor plan estratégico previo es un saludo a la bandera. Una dosis de demagogia que no nos va a llevar a nada bueno. Y ya ni siquiera es necesario reiterarlo: el ciudadano de a pie, aquel que está desesperado y frustrado al ver día a día que la delincuencia no se detiene en su barrio, está viendo con sus propios ojos cómo hace agua el llamado plan Boluarte, ese que, en un inicio, los voceros del Gobierno se jactaban de pronunciarlo y hoy ni se esfuerzan en mencionarlo.

Los robos y asesinatos continúan en los distritos declarados en emergencia y los robos de celulares no han cesado. No era necesario ser adivino para saber que esto sucedería. Solo bastaba observar la pobre respuesta del Ejecutivo ante un desafío más profundo, complejo y trasversal, como es garantizar la seguridad ciudadana. Por ejemplo, aquella brillante idea de aumentar las penas con la finalidad de reducir el robo de celulares no midió –o no le interesó medir– que el reto reside más en que se logre el cumplimiento de la sanción (un trabajo más integral con el sistema de justicia) que en los años a agregar para castigar el acto cometido. Pues tan grave como el delito en sí es la impunidad que lo acompaña. Bajo esa misma lógica, entonces que se establezca cadena perpetua para los delitos de corrupción de funcionarios. Verán que el resultado será el mismo.

La semana pasada, la presidenta Dina Boluarte participó en una ceremonia de entrega de 150 camionetas para la policía con el fin de reforzar el patrullaje en Lima y el Callao. “Estas camionetas son para garantizar la tranquilidad que vienen exigiendo nuestros ciudadanos”, dijo la mandataria ante el aplauso de los presentes.

Si Boluarte quisiera realmente reducir el déficit de vehículos de la policía solo en Lima, tendría que realizar esa misma ceremonia durante al menos 25 días seguidos. Los vehículos inoperativos que tiene la capital son 3.844 (1.487 recuperables y 2.357 irrecuperables), siendo el lugar del país que más vehículos bajo esas condiciones tiene (le sigue el Callao con 574). Solo en Lima, 4.269 están operativos, de acuerdo con la División de Logística del Departamento de Administración del Parque Automotor de la PNP. De hecho, del 2016 al 2023 pasamos de 5.429 vehículos inoperativos de la policía (28% del total) a 9.317 en ese mismo estado, lo que representa un 47% del parque automotor, que afecta de manera directa la capacidad operativa de la policía. Un dato real que explica la situación en la que estamos, mientras el Gobierno vende fuegos artificiales.