Referéndum, autodisolución y cambio, por Francisco Miró Quesada Rada

En Inglaterra, cuando los parlamentarios de la Cámara de los Comunes (nombre con el que se conoce a la cámara elegida por el pueblo y de donde sale el gobierno, pues, como se sabe, en este país hay dos cámaras) tienen o enfrentan una crisis política insuperable, se autodisuelve e inmediatamente se celebran elecciones con la finalidad de que el pueblo elija a nuevos parlamentarios para salir de la crisis.

Usted me dirá que el Perú no es Inglaterra, porque no tiene una democracia parlamentaria. Y, desde luego, tiene usted razón. Jurídicamente, nuestro Congreso no puede disolverse. Pero hay situaciones políticas en las que la ética y la cordura, así como la vergüenza ajena y una lectura del mensaje que ha enviado el pueblo en las urnas, nos llevan a plantear la autodisolución, tal y como ha propuesto el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular). La mayoría no le ha hecho caso, miran hacia un costado. No tienen vocación de renuncia porque están aferrados al cargo. Cuando en una consulta popular el pueblo ha decidido de manera abrumadora por la no reelección, la no bicameralidad y, además, ha hecho caso omiso a la mayoría congresal que –de manera directa o velada– venía diciendo que el referéndum era una maniobra política del presidente, no hace otra cosa más que mandarles un mensaje (diciéndoles, en el fondo, “ustedes están de más”), los congresistas al menos deberían evaluarlo.

Para precisar, ‘autodisolución’ no significa cerrar el Congreso y que nunca más se convoque a otro, como muchos antidemócratas y autoritarios –que en este país no son pocos– quisieran, sino más bien que se vayan los que están y que se elija a otro Legislativo inmediatamente.

Esto, tanto de hecho como jurídicamente, es un imposible. Primero, porque no hay entre los congresistas un deseo de irse, y luego porque no lo permite la Constitución. Pero a García Belaunde hay que darle un crédito, el más grande de todos y el que tanta falta hace en el Perú: el crédito moral. A ver si algunos se pliegan a este crédito.

De ahora en adelante, el Congreso tendrá que abocarse a trabajar con ahínco para implementar, a través de normas, el claro mandato de la ciudadanía, que acudió masivamente a votar, reconociendo con ello que al fin tenemos una autoridad que nos hace caso y que nos convoca a opinar sobre un tema democrático fundamental como es una reforma parcial de la Constitución. Alguien que nos escucha y que abre las puertas para la participación. El Legislativo debe asumir que en el Perú, gracias a la democracia directa que no es populista ni dictatorial, el ciudadano se está empoderando.

Como bien ha dicho el defensor del Pueblo, “la ciudadanía ha señalado el sentido de urgencia sobre este cambio”. Al respecto, el Dr. Walter Gutiérrez conoce bien, precisamente por el cargo que desempeña, la relación autoridad-ciudadano. Incluso desde hace unos meses la defensoría viene organizando audiencias ciudadanas en Lima y en otras regiones del país, en las que el defensor debió haberle tomado el pulso a la ciudadanía.

Algunos analistas afirman que el referéndum es un triunfo político del presidente Vizcarra. Esto es cierto, pues él lo convocó. Aunque mal convocado, ya que de acuerdo al artículo 44 de la Ley 26300 (Ley de Participación y Control Ciudadanos), quien debió realizar la convocatoria es el Jurado Nacional de Elecciones, porque es el único organismo reconocido por ley para hacer convocatorias de referéndum y revocación. Nuevamente la voluntad política ha pasado por encima de la ley, algo muy común en nuestra historia.

Por el mensaje a la nación del presidente, está claro que continuará con la reforma política. Para ello, será una comisión de expertos la que se encargue de tratar lo que Vizcarra ha reconocido como temas pendientes: el financiamiento de los partidos, la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial. Propuestas que deben debatirse en el Congreso y también en la ciudadanía, a través de audiencias públicas, porque la opinión del ciudadano debe ser considerada, ya que esta y otras reformas que podrían celebrarse en el futuro nos afectarán a todos.

Es el caso de una reforma laboral que, más allá de la pesada carga ideológica que tiene para ciertos grupos de poder neoliberales, no puede soslayarse. No obstante, ha hecho bien Vizcarra en rectificar su propuesta en CADE al decir que el gobierno “no pretende realizar una reforma laboral que recorte derechos adquiridos de los trabajadores ni de quienes se incorporen al mercado laboral”. Y esta es una decisión justa y responsable para no tener ‘chalecos amarillos’ como en Francia.