Sobre la lealtad ciento por ciento

A Gustavo Adrianzén le tocó por suerte iniciar su gestión casi a la par del escándalo de los Rolex. Si bien hacerlo no está en los términos de referencia de un presidente del Consejo de Ministros, desde entonces ha defendido a la presidenta en cada uno de sus ‘temitas’ complicados. Quizás lo más bochornoso, el mostrarse ‘comprensivo’ cuando el hermano Nicanor se fugó de la justicia.

La presidenta no le ha reciprocado. Para empezar, le impuso un vocero gubernamental, pese a que legalmente esa esa una de las funciones principales de quien ejerce la Presidencia del Consejo de Ministros. Fredy Hinojosa, el escogido por Dina Boluarte, tiene su confianza desde que lo tuvo de jefe de Qali Warma; período en el que, según la impactante denuncia de “Punto final”, Frigoinca “inició un inusitado crecimiento”.

Hace poco, Hinojosa dejó a Adrianzén colgado de la brocha en un tema altamente sensible. “La señora presidenta estuvo en la urbanización Mykonos”, sostuvo el titular de la PCM creyendo ser leal con su jefa. Al parecer no le habían avisado que la versión oficial sobre los hechos había cambiado, probablemente por indicaciones de los abogados. Boluarte instruyó a Hinojosa que lo desmintiera: “En el Gobierno jamás se dijo que el vehículo presidencial dejó a la mandataria Dina Boluarte en el condominio Mykonos”.

Adrianzén toleró la humillación: “No me volveré a pronunciar sobre ello, pido disculpas por la confusión incurrida”. La ironía es que todo indica que el presidente del Consejo de Ministros estaba en lo cierto. Después de todo, el chofer del ‘cofre’ ha sostenido ante la fiscalía que hasta allí la condujo.

Por asumir este disminuido rol y otras razones, el presidente del Consejo de Ministros tiene 6% de aprobación, está políticamente desahuciado y se le reclama a la presidenta cambiarlo para oxigenar su gobierno, algo que, a mi juicio, es a estas alturas una misión imposible. Que ella lo cree viable lo sabemos porque el excanciller González-Olaechea ha ratificado que le ofrecieron el cargo. Hace unas semanas, cuando el trascendido apareció en “Perú 21″, Adrianzén lo calificó de “versiones malintencionadas” y “rumores sin fundamento” “de un sector perverso”.

Quizás por saberlo Adrianzén piense que, mientras más enfático sea en defender lo que a la presidenta interesa y más difícil conseguir un sucesor dispuesto a tener ese tipo de lealtad, la búsqueda se diluirá.

No de otra manera se puede entender su indignación porque el extitular de la PCM Alberto Otárola haya reconocido ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la presidenta se había hecho una cirugía plástica, como todas las imágenes ya confirmaban.

Me resisto a participar de la discusión sobre las consecuencias constitucionales de la frivolidad presidencial. Tampoco me la juego por el apego a la verdad del tardío “delator”. Me interesa sí llamar la atención sobre el concepto de lealtad que se maneja en el Gobierno.

Quizás el más representativo de esta forma de actuar sea el nunca suficientemente bien ponderado ministro del Interior, quien también se fue a la yugular de Otárola. No porque no sea verdad, sino porque lo contó.

Ello ayuda a entender por qué Santiváñez falta a la verdad sin inmutarse como al justificar que el estado de emergencia ha funcionado, sosteniendo que las denuncias de extorsión han disminuido en 4%, lo que, de ser cierto, sería más bien indicación de fracaso. Pero no lo es. En setiembre las denuncias policiales por extorsión sumaron en Lima 632 y, por ello, en 14 distritos se aplicó la medida. A fines de octubre, a los 30 días de emergencia, se habían disparado a 784 y el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) no cuenta aún con cifras para noviembre.

Maltratando el verso de César Vallejo, cabría decir: “Cuídate de los que tienen lealtad entre ellos, pero no la tienen con la verdad”.