Tránsfugas solapados

Nuestra historia política reciente es fecunda en el ejercicio de torcer la voluntad ciudadana. Tal vez la compra más grotesca de congresistas fue la del tercer período de gobierno (inconstitucional) de Alberto Fujimori. En esa década (como ahora), se normalizaron los alevosos casos de corrupción y la destrucción de la precaria institucionalidad. Las Fuerzas Armadas y la PNP terminaron controladas y sus recursos desviados al entonces Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Algunos medios de comunicación independientes denunciaban la existencia de una compleja organización criminal que operaba desde distintas entidades del gobierno con la finalidad de perpetuarse en el poder y desfalcar el erario nacional.

Recordemos que en las elecciones del 2000 (tercera reelección) el fujimorismo obtuvo, a pesar del fraude montado, 52 de 120 congresistas. No consiguió la mayoría, por lo que se puso en marcha, desde el SIN, una operación conocida como “Reclutamiento de congresistas”, que consistió en la compra de un grupo de ellos para tener mayoría congresal, controlar la Mesa Directiva, las comisiones y, lo más importante, que sirvieran como soporte y defensa de la ilegal tercera reelección.

El ‘modus operandi’ del reclutamiento fue grotesco, pero muy efectivo. Empezaba con la visita a una salita acondicionada del SIN. Se reunían con Vladimiro Montesinos, que entregaba fajos de dólares y, a cambio, el congresista firmaba tres documentos: uno, la renuncia a la bancada y al partido con el que fue electo; dos, la adhesión incondicional al fujimorismo; y tres, el recibo de la cantidad de dinero entregado. En poco tiempo pasaron a tener una bancada de 70 congresistas. Fue el transfuguismo en su máxima expresión.

Ahora, de nuevo, según la hipótesis de la fiscalía, tenemos una estructura criminal con base en Palacio de Gobierno y con el propio presidente como cabecilla, quien se estaría beneficiando ilegalmente con la adjudicación de millonarios proyectos de infraestructura y la compra de bienes. Para permanecer en el gobierno, esta estructura criminal estaría cooptando a sectores sensibles del Estado, como el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la República y, cómo no, a un grupo de congresistas mal llamados ‘niños’. No habría, aún, un video que demuestre el reclutamiento a cambio de prebendas. Lo que sí tendríamos son abundantes indicios que se están corroborado con otros elementos concomitantes e interrelacionados. Según los colaboradores eficaces, las negociaciones para el reclutamiento de los tránsfugas solapados habrían estado a cargo del propio presidente. No habría cartas de adhesión, ni recibos con prebendas cuantificadas, pero sí tendríamos las órdenes dadas por el propio reclutador para que se entregue lo que sea que pidan. Todo a cambio de votar en el Congreso defendiendo los intereses del Gobierno –es decir, de la estructura criminal– y de neutralizar el trabajo de fiscalización y de control político. Ahora se entiende por qué no se pudo censurar a ministros tan cuestionados. También está más clara la confluencia de intereses del transfuguismo solapado con los poderes fácticos de las economías ilegales. A todos ellos no les conviene que Castillo caiga; con él pueden seguir haciendo sus negocios con impunidad.

El Congreso debe suspender en sus funciones a los tránsfugas solapados. Escamotear esta responsabilidad los convierte en cómplices. La investigación fiscal y los casos de corrupción del poder hacen inexorable la decisión constitucional de sacar del poder a Pedro Castillo y convocar a elecciones generales. Para los ciudadanos, los políticos han fracasado. Cada día que pasa esta crisis alimenta a la bestia antisistema. A partir de consensos básicos, seguro que en la derecha, el centro y la izquierda, los peruanos con las manos limpias somos más y nos espera, nuevamente, la calle.