Un día que dura 30 años, por Andrés Calderón

Mañana se conmemoran 30 años de la fecha más emblemática y nefasta de nuestra historia política contemporánea. El autogolpe de Alberto Fujimori ocurrió hace tres décadas, pero su legado subsiste gracias a la memoria de una corriente antifujimorista que se robustece con el tiempo (ver el informe de Ariana Lira en El Comercio, ayer) y a la nostalgia de sus defensores y herederos que se resisten a desprenderse de él.

Cuando en el 2016 parecía que surgía una opción política de derecha popular que se desmarcaba de Alberto Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, retomó algunos vicios de su padre. Se alió con personas de dudosa reputación y cuya licitud patrimonial era objeto de investigaciones fiscales, recurrió a triquiñuelas y audios adulterados para intentar desacreditar denuncias en contra de su entorno, emprendió una vendetta desde el Congreso contra el Gobierno y los medios de comunicación a los que responsabilizó de su derrota electoral, y utilizó el poder que consiguió en las urnas para intentar cooptar el Estado canjeando votos por alianzas en el Ministerio Público, el Poder Judicial y el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura.

Pero más allá del éxito o fracaso político de un partido, hay ciertas ideas que subsisten en el imaginario nacional que se ven reforzadas por las actitudes de quienes reivindican el fujimontesinismo, sea que luzcan un polo anaranjado o no. Dos de las herencias más nocivas del fujimorismo noventero son las ardides de que la bonanza económica era imposible sin un golpe de Estado y que los medios de comunicación se pueden comprar a favor del gobernante de turno.

Sobre lo primero, cabe recordar que las principales normas que marcaron el nuevo rumbo de una economía más favorable al mercado se dieron gracias a la delegación de facultades que otorgó el Congreso al gobierno de Fujimori en 1991 (por ejemplo, los decretos legislativos 668, 674, 691, 701, 702, 716, 728 y 757) y que hasta los propios protagonistas de la primera administración de Cambio 90, como Alfonso de los Heros y Máximo San Román, han rechazado la ficción de un gobierno paralizado por un Parlamento obstruccionista.

Lamentablemente, muchos de los que rescatan los innegables aciertos en materia económica del fujimorismo se rehúsan a condenar con la misma energía los crímenes cometidos y el asalto a las instituciones democráticas. Estancada en la evolución se halla gran parte de la derecha peruana, ruborizada para defender libertades económicas y civiles por igual, incapaz de pronunciar ‘crecimiento económico’ y ‘derechos humanos’ en la misma oración sin producirse escozor.

Con relación a lo segundo, insultos como ‘mermelada’ y ‘guaripoleras’ pueden encontrar su partida de nacimiento en el peculado en que incurrió Vladimiro Montesinos para comprar líneas editoriales, previo desvío de S/122 millones al SIN firmado por Alberto Fujimori. Si los constantes embates contra la prensa del presidente Castillo y sus alfiles resuenan en algunos oídos se debe quizá a que sus ojos vieron desfilar a animadores y conductoras por la salita del SIN, a la par que los dueños de canales televisivos se enfundaban fajos de millones de dólares para ponerlos al servicio de una dictadura. Irónicamente, la misma mermelada ilícita que pagó el fujimorismo en los noventa es la que quiso embarrar sobre PPK y la prensa incómoda en el 2016 sin ningún asidero, pero que hasta el día de hoy repiten los fanáticos de polos opuestos como Perú Libre y Renovación Popular.

El 5 de abril de 1992. Hay fechas que, precisamente por luctuosas, uno siempre debe recordar. Pero hay aquellos que, trastocando la historia, la quieren resucitar.