Pasada la segunda vuelta electoral, debemos volver la atención hacia temas que ponen en riesgo la vida de millones de peruanos. Uno que ha pasado desapercibido es la alerta sobre el fenómeno de El Niño que han emitido diferentes organismos, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), y el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño del Perú. Según los expertos, el evento que se extenderá hasta el verano del 2027 será de intensidad muy fuerte, similar al de 1997-98, que fue uno de los más catastróficos de los últimos 30 años, con miles de damnificados y enormes pérdidas económicas.
Pero no tenemos que irnos tan atrás para recordar un episodio crítico, en el 2017 vivimos un Niño costero de gran intensidad que colapsó las ciudades del norte del país. Como respuesta, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), institución que debía trabajar con los gobiernos subnacionales en la reconstrucción de la infraestructura, pero sobre todo en la planificación de sus territorios y la ejecución de las obras y acciones necesarias para evitar que la historia se repita. Uno de los componentes centrales fue la elaboración de 54 planes territoriales y urbanos para las siete regiones afectadas, para lo cual se destinó un presupuesto que superó los cien millones de soles. En el 2021, el Ministerio de Vivienda dio por culminada su elaboración, y la mayoría fueron aprobados por las municipalidades respectivas.
Los planes no solo plantearon cómo debían crecer las ciudades, sino que propusieron proyectos estratégicos y prioritarios que debían ejecutarse con el financiamiento y acompañamiento de la ARCC. Se definieron obras de recuperación de la faja marginal y encauzamiento de los ríos, drenaje pluvial, limpieza y control de quebradas e infraestructura hidráulica, entre otras. Asimismo, se determinaron las zonas que no debían ser habitadas, planteando mecanismos para reubicar a las familias.
En teoría, sabíamos qué debíamos hacer para estar preparados ante eventos climáticos similares. Pero si revisamos las obras ejecutadas en los últimos años, y sobre todo la forma como han crecido las ciudades, nos daremos cuenta de que siguen siendo altamente vulnerables.
Piura, Trujillo, Chiclayo, Tumbes, Chimbote e Ica han experimentado importantes transformaciones en la última década. Su población se ha incrementado entre un 10% y 15%, la mancha urbana ha continuado expandiéndose sobre zonas agrícolas y eriazas, y miles de familias siguen ocupando áreas expuestas a peligros, como quebradas, zonas inundables y fajas marginales de los ríos.
Los proyectos priorizados en los planes prácticamente no se han ejecutado. Incluso los que han sido declarados viables por Invierte.pe para esas ciudades presentan una muy limitada ejecución: solo el 10% se ha culminado, y cerca del 70% no se ha iniciado. Asimismo, si revisamos la ejecución presupuestal de los últimos tres años, veremos que la media apenas supera el 70%.
Entonces, no podemos afirmar que hayan faltado herramientas y recursos para reducir la vulnerabilidad de estas ciudades ante fenómenos naturales, sino que no hemos sido capaces de aprovecharlos.
El fenómeno de El Niño del 2026-27 ya empezó. No solo no estamos preparados, sino que estamos distraídos, y esa combinación podría costarnos pérdidas millonarias, cientos de miles de damnificados y daños irreparables. El nuevo gobierno debe exigir al saliente la conformación de un comité de emergencia con las entidades nacionales y los gobiernos subnacionales involucrados, para articular y acelerar las acciones que se hayan venido desplegando, y diseñar una estrategia que nos permita sortear la crisis. Asimismo, las municipalidades deben desplegar toda su capacidad ejecutiva para acelerar las obras asociadas a la mitigación de riesgos, incluyendo la reubicación de las familias en zonas de alto riesgo. Sus mandatos terminan el 31 de diciembre, por lo que serán los primeros responsables de lo que suceda.
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