Un informe publicado ayer en este Diario da una voz de alarma sobre la situación crítica que enfrentan las alcaldías distritales y provinciales a escala nacional en materia de ejecución de sus presupuestos. A solo dos meses de terminar el año, el 53% de los 1.695 alcaldes distritales que tenemos en el país no ha gastado ni la mitad del presupuesto del que disponían. Y la figura se repite en lo que toca a los 196 alcaldes provinciales. En otras palabras, en lo que va del año, cinco de cada nueve municipios han ejecutado menos del 50% del presupuesto que tenían asignado para obras.
Los casos más extremos los representan, al parecer, el alcalde Manuel Ugarte de San Marcos (Áncash), el distrito con más ingresos en todo el Perú por el dinero que recibe por efecto del canon minero, que solo ha gastado hasta ahora el 45,7% de su presupuesto anual; y el alcalde Aldo Carlos Mariños de Pataz (La Libertad), que también recibe importantes aportes por la actividad minera que se desarrolla en su territorio y apenas ha ejecutado el 34,7% de su presupuesto para el 2025. Paradójicamente, Mariños protagonizó tiempo atrás una caminata hasta Lima reclamando más obras para su distrito...
Hablamos de gobiernos locales cuyas poblaciones tienen necesidades serias que, a pesar del dinero que hay para enfrentarlas, continúan afectando a sus vecinos por la incapacidad de sus autoridades para manejar sus recursos. Debemos anotar, sin embargo, que el gasto por el gasto tampoco es sensato, porque ese es un escenario en el que se puede incurrir fácilmente en ineficiencias. Existe adicionalmente el riesgo de que se asignen fondos cambiantes –como los que derivan del canon minero– a gastos corrientes como la planilla, generando un problema a mediano plazo sin que eso suponga solución alguna para los problemas de la población del distrito o provincia en cuestión.
El problema, insistimos, tiene que ver con la capacidad de los responsables de administrar los presupuestos. Algo que solo se adquiere con capacitación y experiencia. Pero lo primero no parece abundar y lo segundo se torna imposible en un contexto en el que la reelección de los alcaldes está prohibida.
La voz de alarma está dada, pero no se distinguen reflejos al respecto de quienes podrían cambiar este penoso estado de cosas.
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