Parece una broma de humor negro que hace solo dos días expresáramos en esta página nuestras esperanzas de que la presidenta Boluarte diera en el 2025 un vuelco hacia la transparencia y que el 1 de enero nos demos con la noticia de que el Gobierno ha enviado a una de las principales testigos de la fiscalía en el caso conocido como ‘cofre’ fuera del país.
Se trata de la suboficial de la PNP Ruth Ligarda Castro, conocida también como ‘la sombra’ de la mandataria, quien le sirvió como escolta el 25 de febrero del 2024 en el trayecto del distrito de Asia hasta Palacio. El Ministerio Público investiga el trayecto del ‘cofre’ para determinar si tuvo relación con la presencia del prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón un mes antes en otro condominio.
La suboficial, en efecto, ha sido nombrada, mediante una resolución suprema que cuenta con el aval de los despachos de Relaciones Exteriores e Interior, personal auxiliar de la agregaduría policial de la Embajada del Perú en España. Todo, supuestamente, como parte de una misión diplomática que se extenderá hasta diciembre del 2026.
La cercanía de Ligarda a la jefa del Estado es más que evidente. La acompañó como parte de su comitiva durante sus viajes a Brasil y Alemania en el 2023, y a China el año pasado. ¿Qué sentido tendría, entonces, prescindir de pronto de sus servicios para encargarle una responsabilidad de menor envergadura? La sospecha de que la decisión está relacionada con la investigación en la que ella está comprendida como testigo es inevitable. Principalmente cuando, de acuerdo con voces autorizadas de la institución policial, la designación habría sido forzada obviando algunos protocolos.
Es verdad que la suboficial ya rindió un testimonio ante la Fiscalía de la Nación el 12 de diciembre pasado, pero igualmente cierto es que podría ser requerida para brindar información adicional sobre el caso y que, ahora, al estar fuera del país, aquello se hace muy difícil, cuando no imposible. La estrategia, de cualquier forma, no es nueva. Recuerda las dificultades oficiales que enfrentó en su momento el pedido de un testimonio similar de parte del chofer del ‘cofre’, el suboficial Félix Montalvo. Sí es, en cambio, torpe. Porque la voluntad de echar un velo de obstaculizar el trabajo de la justicia es obvia. En vez de optar por la transparencia que se le demandaba, la mandataria daría la impresión de haber optado otra vez por la opacidad. Año nuevo, maña nueva.
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