Editorial: Dos caras, la misma moneda

Desde que empezó la pandemia, la importancia de que el sector privado colabore con el Estado en distintas áreas, sobre todo en aquellas en las que el Gobierno no se puede dar abasto, ha sido clara. Sin embargo, la naturaleza de la colaboración, e incluso la pertinencia de esta, ha sido materia de debate en más de una ocasión, con algunos políticos y autoridades perjudicando o mezquinando lo que debería ser una relación fluida en favor del país (las fricciones llegaron, incluso, a amenazas de expropiación, como las hechas por el entonces presidente Martín Vizcarra contra las clínicas privadas el año pasado). Todo ello supuso, en su momento, que el trabajo conjunto no se extendiese todo lo que debió.

En lo concerniente al proceso de inoculación, las controversias han sido incluso mayores, con la posibilidad –remota aún– de que el sector privado comercialice la vacuna abordándose con escepticismo desde el Ejecutivo y con reparos ideológicos desde algunos grupos políticos. La verdad, sin embargo, es que ningún mecanismo que pueda llevarnos a inmunizar a un porcentaje sustancial de la ciudadanía en el tiempo más corto posible debería ser pasado por alto, sea que incluya a los particulares o no. Pero ello no puede depender de dogmas de uno u otro lado, solo puede estar definido por la realidad y esta hace evidente, por cómo se ha conducido el asunto hasta ahora, que el Estado necesita una mano.

En esa línea, que las compañías de seguro y las entidades prestadoras de salud (EPS) hayan llegado a un acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) para vacunar a los afiliados a estos sistemas es sumamente positivo. “Es una negociación larga que hemos tenido con el Gobierno y con el Minsa en particular. Despejando todas las dudas y quedando claritos de cómo hacer es que se ha podido definir esto y creo que va a poder contribuir a que vacunemos coordinadamente con el ministerio a todas las personas”, dijo Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros.

El proceso comenzará el próximo lunes con personas mayores de 85 años y empleará, por el momento, dosis de la vacuna producida por el laboratorio Pfizer, por lo que la logística (al requerirse almacenar el producto a una temperatura específica) tendrá que ser cuidadosamente conducida. El padrón general lo manejará el Minsa, y el objetivo es cubrir a quienes están afiliados a un seguro privado, pero que no tienen cobertura de Essalud. Para esta primera fase, además, la consigna será vacunar a todas las personas mayores de 70, bajo las reglas del sector público y usando la marca del fármaco que defina el Minsa.

Aunque existen muchas maneras en las que todavía el Estado puede aprovechar las virtudes del sector privado, en el campo de la vacunación este es un primer paso importante. Sobre todo porque atiende un punto que desde este Diario consideramos fundamental: no interesa qué camino se elija, tenemos que llegar al objetivo de inocular a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Más adelante, cuando las circunstancias lo permitan, deberá considerarse facilitar la comercialización de estas medicinas no solo para que existan más maneras de acceder a estos productos, sino también para quitarle un poco de peso de encima al Estado.

Pero, establecidos los lineamientos para colaboraciones entre el sector privado y el público, aún queda pendiente que el Perú se haga de más vacunas. La situación actual solo está permitiendo que el proceso se conduzca a cuentagotas, dada la lentitud con la que están llegando las dosis, y dependerá mucho del Gobierno y de sus capacidades de negociación que este proceso se acelere.

En este trance, los aportes y conocimientos de los particulares y sus profesionales también pueden ser valiosos y el Ejecutivo haría bien en pensar y elaborar formas para aprovecharlos. Al final del día, el sector público y el privado son dos caras de una misma moneda y el trabajo coordinado debería ser la norma.